Leopoldo López y sus rivales dentro de la oposición a Chávez

 

 

 

 

 

Desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rehabilitara políticamente al opositor venezolano Leopoldo López, inhabilitado por la Contraloría (Tribunal de Cuentas), se ha generado en España una corriente de opinión en los medios de comunicación tendente a situar al exalcalde del municipio Chacao como el más firme aspirante a enfrentarse a Hugo Chávez en las presidenciales del 7 de octubre de 2012. No se puede ocultar que este joven político de 40 años de edad, economista de profesión, genera ilusión dentro y fuera de Venezuela para liderar el cambio y la alternancia política, conceptos ambos tan necesarios en una sociedad que soporta ya más de una década de régimen chavista.

El denominador común para medirse en las urnas al teniente coronel golpista parece ser la juventud. No en vano, además de López, los otros otros tres jóvenes aspirantes con mayores posibilidades de vencer en las elecciones primarias del 12 de febrero de 2012, según las encuestas, son: Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda; Pablo Pérez, gobernador del Zulia, y María Corina Machado, la diputada que forjara su carrera política desde la plataforma Súmate y que sería la precandidata de mayor edad de los cuatro mencionados, con tan sólo 44 años.

Leopoldo López, lejos de caer en el derrotismo, cuando fue inhabilitado en 2008 para poder optar a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, miró hacia adelante y se puso a recorrer todo el país. Creó el movimiento Voluntad Popular y se pateó la nación cuatro veces en tres años, tal y como destacan sus partidarios. Su partido es una fuerza política heterodoxa e interclasista, con una clara impronta socialdemócrata, muy alejada de la caduca Acción Democrática (AD). López, personaje dotado de gran carisma, ha sabido aglutinar en torno a su figura a los sectores más populares, así como a las poderosas organizaciones estudiantiles. Éstas se han convertido en la punta de lanza del descontento social en Venezuela, utilizando las universidades como catalizadores de las protestas ante las carencias democráticas, la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Cuanto más desprecio demuestra Chávez a la hora de acatar el fallo de la CIDH que legitima a López: «Mi corte de pelo importa más que esa Corte», dijo el presidente, mayor es la sensación de miedo que proyecta el caudillo bolivariano a enfrentarse en las urnas al exalcalde de Chacao, el distrito financiero por antonomasia en Caracas. Se trata de uno de los símbolos de la pujanza económica que proyectó Venezuela en otros tiempos, aunque el país aún siga siendo el quinto productor mundial de petróleo, venido a menos.

Hasta que se produjo la rehabilitación de López, semanas atrás, el gran favorito en las encuestas era Capriles Radonski, también de 40 años de edad.  Prestigiosos analistas como M.Teresa Romero, periodista y politóloga apuntan a una polarización de la oposición en dos bloques: Por un lado, el de Capriles Radonski y por otro el de Pablo Pérez. El primero está respaldado por partidos exchavistas y de tendencia socialcristiana; el segundo por organizaciones de corte socialdemócrata como la que representa Leopoldo López.

De hecho, cobra fuerza la tesis de que si el Tribunal Supremo de Venezuela decide no acatar la sentencia de la CIDH, algo factible, López se integraría en la candidatura de Pablo Pérez como futuro aspirante a la vicepresidencia de la República, en caso de una hipotética victoria del gobernador del Zulia frente a Chávez en octubre de 2012.  La jornada electoral del 12 de febrero representa algo inédito en la larga trayectoria democrática de Venezuela. Todos los ciudadanos con derecho a voto podrán elegir al candidato opositor que se enfrente a Hugo Chávez. Así pues, no serán sólo los militantes de los partidos que conforman la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) los únicos legitimados para decidir, al contrario de lo que ocurre en otros países. Sin duda, el paso de gigante alcanzado por la oposición es digno de elogio, si se tienen en cuenta todas las disputas y guerras internas que han protagonizado y en las que Chávez se ha movido como pez en el agua.

También es algo novedoso que tras las elecciones primarias del 12 de febrero sólo vaya a quedar una persona que se mida al actual presidente, acostumbrado al divide y vencerás. El deseo de regeneración en las filas de la oposición llega a tal extremo que el precandidato que gane los comicios  frente a sus rivales opositores no optará a un nuevo mandato en caso de derrotar al actual jefe de Estado en octubre de 2012. Al margen de quién sea el sustituto de Chávez lo importante será crear un gobierno para todos los venezolanos, amplio, sin divisiones y firme, sin enfrentamientos. Todo lo anterior es una aspiración que se palpa cada vez que visito Venezuela.

Del Nido, su revolución en la Liga de Fútbol y el ‘caso Minutas’.

El presidente del Sevilla, José María del Nido (izqda), junto a Julián Muñoz en un juicio.

 No parece casualidad que el presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, haya emprendido una cruzada contra Real Madrid y Barcelona, en el marco de los derechos del fútbol televisado, cuando faltan pocas semanas para que se conozca una sentencia que le puede llevar a la cárcel. Tampoco parece casual que él sea el único dirigente que haya permitido el acceso a las cabinas de radio de su estadio en la primera jornada de la Liga BBVA.

 En el llamado‘caso Minutas’, Del Nido se enfrenta a una pena de 30 años de prisión, reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, en relación con los honorarios que percibió como asesor jurídico municipal del Ayuntamiento de Marbella: Más de 6,7 millones de euros entre 1999 y 2003, pagados por los exalcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz. Este último afronta una petición 28 años de reclusión. Del Nido cometió, según el fiscal,  presuntos delitos continuados de malversación , prevaricación, fraude y delito societario, así como delitos de falsedad documental, deslealtad profesional , y tráfico de influencias.

 Por el momento, el dirigente futbolístico ha conseguido atraer hacia su persona una corriente de opinión muy favorable, especialmente en la prensa deportiva y de forma muy significativa en las grandes cadenas de radio. De sobra es conocida la oposición del medio sonoro a pagar un canon a la patronal del fútbol, por retransmitir los partidos.

 Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la Fiscalía Anticorrupción tiene  intención de solicitar el ingreso en prisión de Del Nido, también de Julián Muñoz, si la sentencia no firme lleva aparejada una abultada pena de prisión. Es a partir de ese momento donde el conocido abogado sevillano comenzaría a jugar sus bazas en los medios de comunicación, haciendo valer su influencia para evitar un hipotético encarcelamiento. En altas esferas judiciales tienen claro que la cruzada que libra estos días el presidente sevillista es con miras a su beneficio personal más inmediato.

Cabe recordar que al comienzo del juicio, Del Nido se enfrentaba a 13,5 años de cárcel. Sin embargo, la acusación pública elevó hasta 30 el número de años en sus conclusiones definitivas. Si todo queda en nada y el sevillista sale absuelto, en sentencia firme, la Fiscalía Anticorrupción quedaría en una posición muy delicada. Muchos se preguntarán si la SecciónTercera de la Audiencia de  Málaga se atreverá a encarcelar a José María del Nido sin sentencia firme. No es bueno especular con lo que puede suceder, pero está claro que lo primero que intentará demostrar el presidente del Sevilla es la ausencia de riesgo de fuga y su arraigo, para desmontar las tesis de que puede eludir la acción de la Justicia hasta que el Tribunal Supremo dicte un fallo firme.

 Hay antecedentes de sentencias no firmes por las que Anticorrupción pidió ingresos en prisión, otra cosa es que los jueces compartan ese criterio. En el llamado ‘caso saqueo1’de Marbella la Audiencia Nacional envió al ex abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra, a prisión con una sentencia de 9 años, también a Juan Antonio Roca por 6 y al excontable Manuel Castel por 8. En el mediático ‘caso Gescartera’ el mismo tribunal envió a condenados a prisión con penas no firmes. El antecedente más inmediato de peticiones de ingresos en prisión con resoluciones no firmes ha sido el llamado ‘caso Hacienda’ en Barcelona. En esta ocasión la Sala no aceptó el criterio de la Fiscalía.

 Independientemente de lo que decidan los tribunales en el caso de Del Nido, hubo 6,7 millones de euros de todos los ciudadanos de Marbella que fueron a parar al bolsillo de dicho abogado. Una cifra que, a falta de la sentencia, parece desorbitada e injustificable. El fiscal sostiene que el presidente del Sevilla y el entonces alcalde, Julián Muñoz, “se concertaron para enriquecer» al dirigente futbolístico (entonces aún no había desembarcado en la presidencia del Sevilla F.C.)

 Tampoco resulta baladí el hecho de que los trabajos cobrados al Consistorio marbellí por Del Nido, entre 1999 y 2003, supusieran el 70% de la facturación del bufete que regenta dicho letrado en Sevilla. Cabe recordar que el ‘caso Minutas’ no es el único frente judicial que tiene abierto José María del Nido. En los Juzgados de Marbella, aún en fase de instrucción, se encuentra el llamado ‘caso Fergocon’. Fue bautizado así por el nombre de la empresa de los hermanos del presidente del Sevilla, a la que Julián  Muñoz adjudicó obras municipales por importe de más de 3 millones de euros que no fueron ejecutadas, según la querella dela Fiscalía Anticorrupción.

Del Nido, como si no tuviera suficiente con todo lo que ha ganado a costa de los ciudadanos de Marbella,  aún reclama al Consistorio 300.000 euros por honorarios como abogado. Lo sorprendente es que el letrado haya conseguido que el actual equipo de gobierno del PP le reconozca como adeudada dicha cantidad y muestre su voluntad de pagársela, a pesar de estar personado contra él como acusación particular. Así lo denunció el fiscal Valentín Bueno durante el juicio del ‘caso Minutas’. Ver para creer.

Luis Bárcenas, un paréntesis dentro del caso Gürtel

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas en una imagen de archivo

Con el sobreseimiento provisional, que no libre, en relación con los delitos de  fraude fiscal  blanqueo de capitales y posible cohecho que pesaban sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se abre un paréntesis en el ‘caso Gürtel’, por no decir un interrogante. A falta de lo que puedan decidir los tribunales en última instancia, ante los recursos anunciados por la Fiscalía Anticorrupción para evitar el archivo,  muchos se preguntarán si se podrá demostrar una supuesta financiación irregular del Partido Popular, una vez que el antiguo garante de sus dineros queda exonerado.

 A lo largo de la tarde del jueves algunos miembros de la dirección nacional del PP, citados como fuentes por las agencias, expresaron  su “satisfacción” por el archivo de la causa contra Bárcenas y auguraron que al desinflarse todo lo que había contra el exsenador el macrosumario por presunta corrupción política quedará en nada, porque en su imputación “estaba el 90% del caso”. Quizás los dirigentes populares hoy tan optimistas creen, en su fuero interno, que si el extesorero queda fuera de la causa el siguiente paso sería que también quedara en nada la trama de presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Valencia, aún  investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, así como otra derivación en el TSJ de Madrid. Eso es ir demasiado lejos, porque además la instancia valenciana aún tiene que decidir sobre la posible implicación de Bárcenas. Habrá que esperar también a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) sobre el exsenador y su presunta implicación en el cobro de comisiones, a raíz de la construcción de la variante de Olleros de Alba (León).

 Para el juez Pedreira el fraude fiscal atribuido a Bárcenas, entre 2002 y 2003, ha prescrito. En cuanto al cohecho, el acrónimo L.B. no tiene por qué corresponder a Luis Bárcenas, ni tampoco la expresión ‘Luis el cabrón’, utilizada por el jefe de la trama  Gürtel, Francisco Correa en sus anotaciones de la llamada Caja B. Lo sorprendente es que el magistrado pasa por alto la anotación “L. Bárcenas” hallada en un registro de las oficinas de empresas vinculadas a la trama. Ni siquiera se pronuncia al respecto en su auto de 37 folios. El patrimonio de Bárcenas y su esposa hizo correr ríos de tinta, también aquellos 330.000 euros en metálico con la coletilla de “billetes de 500 euros”, que iban destinados a unos cuadros, bodegones concretamente. Finalmente no pudieron ser comprados por el alto cargo del PP tras pedir un crédito al banco.

No cabe duda de que si el extesorero del PP no está ya dentro del sumario del TSJ de Madrid el caso queda muy desinflado, al no haber un peso pesado de la sede de la calle Génova cuya figura pudiera ser usada por el PSOE, de cara a la próxima campaña electoral del 20-N, como arma arrojadiza de Rubalcaba contra Rajoy. El exministro de Defensa Federico Trillo se ha despachado agusto, como cabeza pensante de toda la estrategia jurídica del PP. Le ha faltado tiempo para denunciar que Gürtel ha sido un “montaje de los socialistas” contra su partido. También la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha utilizado lo del “montaje”, al asegurar que los socialistas “han querido montar una Filesa contra el Partido Popular”, en alusión a la empresa que sirvió para la financiación irregular del PSOE en los años noventa. La presidenta de Castilla-La Mancha insiste en que no ha habido financiación ilegal del PP, pero tendrá que esperar a ver  si se demuestra que una serie de empresas adjudicatarias de obras sufragaron actos políticos y mítines del partido, ingresando dinero en las cuentas de Orange Market, la empresa gestionada por Alvaro Pérez, ‘El bigotes’, como sostiene la última denuncia de Anticorrupción presentada en agosto pasado.

 En España para la opinión pública estar imputado es ya estar condenado y sentenciado. Que se lo pregunten a Bárcenas, forzado a dimitir ante la presión mediática. Por eso es bueno regular la figura del imputado en este país, como se pretende, para evitar al máximo los juicios paralelos que dictan sentencia en la calle con presunción de culpabilidad, en lugar de presunción de inocencia. Esa es la gran anomalía existente.

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