‘Caso Ellacuría’:La impunidad continúa para los asesinos del jesuita español

El jesuita Ignacio Ellacuría en 1989, meses antes de ser asesinado.

La decisión adoptada el pasado 26 de agosto por la Corte Suprema de El Salvador,  al dejar en libertad a nueve militares de dicho país, imputados por el asesinato del padre Ellacuría y otros cinco jesuitas, es una muestra de cómo la impunidad continúa para los verdugos en el país centroamericano, veintidós años después del horrendo crimen. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco parecía haber cumplido su objetivo sus homólogos salvadoreños alegan que con la orden de busca y captura, dictada por el magistrado español, no es suficiente para la detención y extradición a España.

 El as en la manga esgrimido por la Corte de San Salvador parece una estratagema de última hora para pasar página de un suceso que aún hoy conmociona a la sociedad salvadoreña. No hay más que ver la repercusión mediática que ha tenido toda la actuación del juez Velasco en el país gobernado por Mauricio Funes. En España ya se han alzado las voces de jueces como José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas.

Pallín no se ha mordido la lengua. Ha dicho que sus colegas salvadoreños han adoptado una resolución «tramposa y procesalmente dilatoria», al liberar a los militares imputados. En el marco de lo que parece una treta, diseñada ad hoc para las defensas, la Corte Suprema ha incumplido el tratado de cooperación y extradición, firmado entre El Salvador y España en 1997. La justicia española ha tenido que recorrer un largo camino, 22 años después del crimen, para que ahora unos jueces salvadoreños echen por tierra la magnífica labor desarrollada por el juez Velasco desde la Audiencia Nacional. No es el único sumario que instruye relacionado con Latinoamérica. También investiga las conexiones entre ETA y las FARC con vínculos en Venezuela.

La polémica  resolución judicial se ampara en que la llamada orden de «difusión roja», enviada por Interpol para localización y detención de los nueve militares, sólo es válida exclusivamente para dar con su paradero, no para el arresto. La farsa en que se ha convertido la justicia salvadoreña en el ‘caso Ellacuría’ va aún más lejos: Los magistrados sostienen que sólo arrestarán a los ahora liberados cuando España envíe una petición expresa de captura con fines de extradición.

Además de Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, rector y vicerrector respectivamente de la UCA, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española,  así como Joaquín López , salvadoreño al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija. Ambas se habían refugiado en el campus universitarios huyendo de la sangrienta guerra civil que asolaba el país.

En El Salvador, desde sectores próximos al Ejército y partidos de derechas, ya han surgido las opiniones contrarias a la aplicación de la justicia universal desde España, en el caso de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso un juez español no está legitimado para esclarecer el asesinato de un compatriota, sobre todo cuando los jueces salvadoreños miran para otro lado?

También cabría preguntarse dónde está la ministra de Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, que no ha dicho esta boca es mía en el ‘caso Ellacuría’, aunque sólo sea para reclamar a las autoridades salvadoreñas mayor colaboración en la extradición de los militares. De Zapatero mejor no hablar, porque ni está ni se le espera.