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Manilva: del enchufismo al transfuguismo

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, junto a su socio de gobierno, Emilio López (ASM)

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), junto a su socio de gobierno, Emilio López (ASM)

Lo del pueblo malagueño de Manilva y su alcaldesa, Antonia Muñoz, tiene difícil arreglo. Esta localidad de la Costa del Sol Occidental, limítrofe con la provincia de Cádiz, vive inmersa en un contínuo escándalo. Ahora, como en un carrusel, se pasa de los graves casos de enchufismo, con imputaciones en sede judicial, al transfuguismo, algo que acompaña la historia de los últimos quince años en este municipio de 14.000 habitantes.

Ha hecho bien el diputado de IU por Málaga en el Congreso, Alberto Garzón, en reconocer ante los periodistas que “desgraciadamente hemos actuado tarde en Manilva”. Él mismo se ha incluido en la autocrítica, sin escurrir el bulto aunque sea un recién llegado, en comparación con sus compañeros de filas, especialmente el excoordinador regional y actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y el coordinador provincial y portavoz parlamentario, José Antonio Castro.

Han tenido que llegar las televisiones nacionales a Manilva y emitir reportajes sobre los centenares de enchufados, entre ellos muchos familiares y parientes de la alcaldesa, así como del resto de su lista electoral colocados a dedo, para que IU-CA comenzara a plantearse adoptar medidas drásticas. Todo ello a pesar de que los medios regionales, especialmente el diario ABC y su corresponsal en Málaga, Pablo D. Almoguera, han venido poniendo al descubierto las vergüenzas internas de la coalición en Manilva.

Lo último que se ha conocido, en el marco de un demoledor informe de la Guardia Civil, es el «patrimonio excesivo» de la regidora. Los agentes vinculan el supuesto enriquecimiento patrimonial con adjudicaciones municipales por importe de más de 600.000 euros a empresas en la órbita de Muñoz, su marido y un primo.

Hasta hora la política de los dirigentes de la coalición era barrer todo debajo de la alfombra, con el manido pretexto de “hasta que no lo diga un juez…” o el otro tan recurrente de “hasta que no haya sentencia…”

Como no han renunciado a sus actas, de nada ha servido que la polémica alcaldesa y sus seis concejales hayan abandonado la coalición.Todos los munícipes manilveños de la federación de izquierdas tienen la desfachatez de continuar en el equipo de gobierno como tránsfugas, sustentados por otra persona como el exalcalde del PSOE Emilio López Berenguer, expulsado en su día de dicho partido por pactar la Alcaldía con gilistas.

Bien es cierto que la medida para que IU desaparezca como marca política, en el marco de una operación de lavado de cara, ha sido forzada por la dirección provincial y tras la llegada del nuevo coordinador regional, Antonio Maíllo, que por fin ha puesto pie en pared.

Llueve sobre mojado en Manilva, porque el PSOE expulsó de sus filas a dos  alcaldes en un periodo de tan sólo cinco años. El ya citado López Berenguer, en 2000, y en 2005 corrió la misma suerte Salvador Zotano, quien también pactó con gilistas una moción de censura contra la ínclita Antonia Muñoz. Hoy Zotano es el adalid de la oposición a Muñoz, con denuncias interpuestas en los tribunales.

El problema de fondo en este pueblo, una de las perlas de la especulación urbanística en los años dorados de la burbuja inmobiliaria, es la falta de renovación en los partidos políticos desde hace más de tres lustros, especialmente en el caso de Antonia Muñoz y López Berenguer, ahora socios y antaño enemigos irreconciliables.

En más de una ocasión el título de la novela Nadie conoce a nadie, obra de Juan Bonilla, ha servido para ilustrar las fobias y filias de la política manilveña. Lo anterior es sólo una muestra de las muchas peripecias de travestismo político que ha vivido este bello municipio costero, famoso por sus viñas, y no exento también de escándalos urbanísticos.

Otro ejemplo más, para concluir. El actual portavoz municipal del PP, Francisco Miguel Álvarez, protagonizó una moción de censura contra el PSOE en 1998 aliándose con el GIL y un tránsfuga de IU. Luego, tras su salida del PP, se alió con los gilistas y juntos crearon el Partido Democrático de Manilva (PDEM) heredero del GIL. Ahora, Álvarez está de nuevo en las filas populares, como en la parábola del regreso del hijo pródigo. Así se escribe la historia.

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El PSOE pedirá al juez Ruz la declaración como testigo del secretario general del PP de Marbella

El portavoz del PSOE de Marbella, José Bernal, en rueda de prensa el pasado 3 de junio

El portavoz del PSOE de Marbella, José Bernal, en rueda de prensa el pasado 3 de junio

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 03/06/2013

El portavoz municipal del PSOE de Marbella, José Bernal, ha anunciado este lunes que su formación política, a través del PSPV, personado como acusación en el ‘caso Gürtel’, solicitará al juez Pablo Ruz la declaración testifical del secretario general del PP marbellí, Manuel Cardeña.

La petición, hecha pública durante una rueda de prensa, se produce después de que el magistrado de la Audiencia Nacional haya solicitado a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  Sol Occidental, de la que Cardeña fue secretario del área de Turismo de 1999 a 2003, todas las facturas relacionadas con la empresa Pasadena Viajes, propiedad del considerado cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa.

Hasta el momento los socialistas tienen «constatada» la facturación de, al menos, 35.000 euros «mediante facturas visadas por Manuel Cardeña» entre los años 2000 y 2003, ha reiterado Bernal.

El también diputado andaluz por Málaga ha querido dejar claro que el PSOE «no plantea culpabilidad alguna» del dirigente del PP marbellí, pero consideran «fundamental» su declaración como testigo. Todo ello, según ha acotado Bernal, «de cara a esclarecer la verdad de por qué Pasadena facturaba a una administración pública como la Mancomunidad y quién lo decidió».

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El juez Ruz sigue el rastro de los contratos de la Gürtel en la Costa del Sol

El juez Pablo Ruz entrando a la Audiencia Nacional en una imagen reciente

El juez Pablo Ruz entrando a la Audiencia Nacional en una imagen reciente

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 31/05/2013

El juez instructor del ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, ha abierto una nueva línea de investigación al reclamar a dos administraciones públicas en la Costa del Sol, gobernadas por el PP, todas las facturas que tengan en su poder relacionadas con servicios prestados por las empresas Special Events y Pasadena Viajes, ambas propiedad del presunto cabecilla de la red, Francisco Correa.

En el auto notificado este jueves a las partes dicho magistrado, tras recibir sendos informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, ha solicitado las facturas y demás justificantes de pago tanto al Ayuntamiento de Estepona como a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con sede en Marbella. Ambas entidades están gobernadas por el Partido Popular con mayoría absoluta.

Según han confirmado a eldiario.es fuentes jurídicas las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional giran en torno a la gestión del exedil del PP de Estepona Ricardo Galeote, imputado en la causa por cohecho, al igual que su padre el exedil de Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, padre del exeurodiputado Gerardo Galeote.

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La juez investiga la relación entre Enrique Cerezo y el vendedor del ático de Ignacio González

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (dcha)  junto a Ignacio González

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (dcha) junto al presidente de la Comunidad de Madrid,   Ignacio González, en una imagen de archivo

La juez interrogó ayer al abogado Antonio Yáñez, exletrado del bufete que representa al presidente del Atlético de Madrid y que también participó en la venta del ático

Rudy Valner, antiguo casero del ático de Ignacio González, fue tesorero de Egeda U.S., una filial estadounidense de Egeda, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, que también preside Enrique Cerezo

Yáñez dice desconocer por qué la empresa que vendió el ático a Ignacio González tenía sede en su casa de Madrid

Valner estaba citado a declarar, pero no apareció

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Los últimos movimientos de la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, Mariana Peregrina, instructora del llamado ‘caso ático’, en relación con el inmueble que posee el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la localidad malagueña se centran en conocer las vinculaciones societarias entre el antiguo casero del político del PP, Rudy Valner, y el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. A medida que avanzan las pesquisas judiciales queda más patente la vinculación del dirigente futbolístico con Valner, considerado como un testaferro profesional que ofrece servicios fiduciarios en su página web norteamericana.

Este viernes Valner, de nacionalidad mexicana y afincado en Los Angeles (EEUU), estaba citado a declarar como testigo en Estepona. No apareció. Su localización no ha sido posible debido a que faltaban datos sobre el domicilio social que el testigo había designado en Madrid, a través de la sociedad radicada en Delaware (EEUU) Coast Investors, antigua propietaria del inmueble vendido a Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 por importe de 770.000 euros.

Quien sí ha comparecido como testigo es el abogado Luis Yáñez-Barnuevo Hermosín, hijo del conocido eurodiputado del PSOE Luis Yáñez y de la exconsejera de la Junta de Andalucía Carmen Hermosín. Dicho letrado trabajó desde 2008 hasta 2011 para el bufete madrileño Suárez de la Dehesa. De hecho, ha reconocido haber tramitado en 2008 el Número de Identificación Fiscal (NIE) para regular la situación de Coast Investors en España. Fue en ese año cuando la sociedad off shore radicada en el Estado norteamericano de Delaware (considerado como paraíso fiscal por su régimen especial tributario) compró el ático que poco después comenzó a arrendar al matrimonio González-Cavero.

En la declaración de Yáñez, a la que ha tenido acceso eldiario.es, este ha reconocido que la entidad de gestión de derechos Egeda, presidida por Cerezo, «era el principal cliente del bufete Suárez de la Dehesa» cuando él trabajó en la citada firma de abogados, entre 2008, cuando Coast Investors adquirió el ático de Estepona, y 2011. De hecho, Yáñez define a Egeda como «la entidad de gestión de los productores audiovisuales».

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Celia Villalobos utilizó recursos del Congreso de los Diputados para actos del PP

Celia Villalobos durante un acto del PP en Málaga

Celia Villalobos durante un acto del PP en Málaga

La vicepresidenta del Congreso realizó en 2012 un mailing masivo a agentes electorales del PP para agradecerles el apoyo a Rajoy y pedirles esfuerzos para apoyar a Javier Arenas en las andaluzas

Villalobos se ha negado a dar explicaciones ante la petición de eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA.

Febrero de 2012. Los interventores y apoderados del Partido Popular en la provincia de Málaga reciben una carta en sus domicilios procedente del Congreso de los Diputados. La vicepresidenta primera de la Cámara Baja y diputada por dicha circunscripción electoral, Celia Villalobos, les agradece su «trabajo», tres meses después del triunfo de Mariano Rajoy en las elecciones generales de noviembre de 2011. También pide respaldo para Javier Arenas, de cara a las elecciones andaluzas, a un mes vista. Todo el gasto de este mailing masivo corrió a cargo de las arcas del Estado con fondos públicos, no del Partido Popular, a falta de una explicación de Villalobos. La vicepresidenta del Congreso, a pesar de la insistencia de esta redacción, ha declinado por escrito responder a este medio de comunicación.

En la misiva objeto de polémica que obra en poder de eldiario.es, y que fue enviada a miles de personas en toda la provincia malagueña, la ex ministra de Sanidad con Aznar se dirige a cada agente electoral como «querido compañero/a» y habla de las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 como unos comicios celebrados «en un momento muy delicado para nuestro País».

«Gracias a tu apoyo y con tu desinteresada ayuda , conseguimos que Mariano Rajoy sea a día de hoy, Presidente del Gobierno». Una vez cerrado el capítulo de agradecimientos tras la llegada del PP a La Moncloa Villalobos se centra en recabar el mayor respaldo para Arenas.

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La dirección del PP de Málaga respalda al imputado en Gürtel Ricardo Galeote, asesor municipal del alcalde de Estepona con 47.700 € de sueldo

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto a la secretaria general del PP de Málaga, Marragarita del Cid el pasado 18 de febrero

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto a la secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid el pasado 18 de febrero. Foto: J.C.Villanueva

La dirección provincial del PP de Málaga respalda y ampara al alcalde de Estepona, José María García Urbano, en su decisión de mantener como cargo de confianza- asesor de Alcaldía- al imputado en el caso Gürtel Ricardo Galeote exedil de dicha formación política y hermano del exeuroparlamentario Gerardo Galeote. El padre de ambos, José Galeote, exconcejal de Boadilla del Monte, también figura imputado en la trama de corrupción que salpica a la formación conservadora.

Margarita del Cid, secretaria general de los populares malagueños, ha escenificado este lunes su respaldo hacia el regidor esteponero, así como hacia Galeote, durante una rueda de prensa celebrada en la sede provincial.

“El alcalde ha contestado y él es el que ha valorado la situación. Entiendo cuáles son sus razones y no tengo nada más que decir”. De esta forma tan escueta ha dado su respaldo y amparo a la polémica decisión la número 2 del PP malagueño, mano derecha de Elías Bendodo, también presidente de la Diputación provincial.

García Urbano basa su postura en que “sobre la situación laboral de Galeote no ha habido ningún cambio judicial. Se le contrató en un momento y para él no ha variado nada”, señala en alusión al exedil imputado por delitos de cohecho, blanqueo y fraude fiscal.

El primer edil esteponero ha recalcado insistentemente que “la situación procesal de Galeote no ha variado en nada desde que fue contratado hasta ahora”. Esta última afirmación de García Urbano no es cierta. La realidad es que, tal y como informó días atrás eldiario.es Ricardo Galeote fue contratado como cargo de confianza en Enero de 2012, tras ser desimputado por el juez Pedreira, antiguo instructor del caso Gürtel. No obstante, el 15 de marzo de 2012 el juez Pablo Ruz, actual instructor en la Audiencia Nacional, volvió a imputar al exedil. Sin embargo, desde entonces hasta ahora el alcalde le ha mantenido en su puesto de trabajo.

Ante la insistencia en las preguntas sobre por qué se aferra a mantener como su asesor personal a dicho imputado, precisamente cuando el PP nacional ha despedido al coimputado en Gürtel Jesús Sepúlveda, el regidor esteponero argumenta que “la presunción de inocencia sigue vigente en este país para el señor Galeote”.

Sin embargo, el alcalde no aplicó el rasero que esgrime ahora con Galeote cuando despidió a una trabajadora de la Tesorería municipal, tras detectarse un desfase contable y estar denunciada por malversación de caudales públicos. Su despido ha sido amparado en los tribunales, al igual que el de otro empleado que no entregó a las arcas del Consistorio 4.600 euros, recaudados por multas de tráfico.

Entre los años 2000 y 2003 Ricardo Galeote adjudicó a las empresas Pasadena Viajes y Special Events, ambas vinculadas al principal imputado en la trama de presunta corrupción, Francisco Correa, más de 123.000 euros en concepto de diversos contratos que no necesitaron de concurso.

A Ricardo Galeote se le atribuye en el sumario judicial haber percibido  de la red Gürtel 42.469 euros en efectivo por sobornos, a cambio de adjudicaciones que consiguieron empresas de Correa cuando e era gerente del Palacio de Congresos de Estepona. De los 42.469 euros cobrados Galeote habría percibido 4.507 euros por comisiones derivadas de facturas por conceptos tales como “moqueta” o “carpa” en 2001.

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