Fracasan los acuerdos para que Marbella cobre con inmuebles de Roca 30 millones de euros por el ‘caso saqueo 1’

Imagen nocturna de la finca La Caridad de Roca en Marbella

Publicado el 8/10/2013

eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

«Todo ha quedado en agua de borrajas». Así se han expresado fuentes del tribunal del Caso Malaya para referirse a los acuerdos que supuestamente se habían alcanzado y cerrado hasta ahora para que el Ayuntamiento de Marbella fuera compensado en el llamado Caso Saqueo 1 con inmuebles de Juan Antonio Roca. La Audiencia Nacional condenó en 2009 al exgerente de Urbanismo marbellí y a otras dos personas a indemnizar a las arcas municipales con 30 millones de euros en concepto de responsabilidad civil- incluidos los intereses- por delitos de malversación de caudales públicos. Se trató de una sentencia ratificada luego por el Supremo en 2010.

Las revelaciones de las citadas fuentes, hechas este martes durante un encuentro con periodistas que han cubierto durante 22 meses la vista oral del llamado Caso Malaya, no dejan de ser sorprendentes, si se tiene en cuenta que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, (PP), había llegado a anunciar públicamente en octubre de 2012 que el acuerdo estaba «cerrado», así como que el Consistorio cobraría en principio con la famosa finca marbellí de ‘La Caridad’, que  sería «subastada» junto a otros siete inmuebles entregados por los abogados de Juan Antonio Roca.

Según las fuentes judiciales mencionadas, «el Ayuntamiento de Marbella rechaza los inmuebles y quiere liquidez». Añaden que la Fiscalía se ha negado también a la dación en pago de inmuebles de Roca al Ayuntamiento de Marbella como método de compensación por el ‘Saqueo 1’, al no compartir el criterio de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que preside José Godino.

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Roca condenado a 11 años de prisión y 240 millones de multa por el ‘caso Malaya’

Juan Antonio Roca en el banquillo de los acusados durante un juicio

Publicado el 4/10/2013

eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

El principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación. También se le condena al pago de una multa de 240 millones de euros. La del exasesor de Urbanismo es la mayor condena de este caso destapado en 2006 y que investigaba la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, y cuya sentencia ha comenzado a leerse este viernes a las 11.20 horas. Y es, en todo caso, una pena muy inferior a la que pedía el fiscal: 30 años de cárcel.

Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios y abogados estaban acusados en relación con la trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un consistorio, el de Marbella. Se calcula que la trama saqueó las arcas municipales por una cantidad superior a los 400 millones de euros. Ha sido el mayor caso de corrupción investigado en España, con un centenar de procesados y 199 sesiones.

La excaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha sido condenada a seis años y nueve meses de cárcel, y a una multa de más de dos millones de euros, por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude.

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El alcalde de Estepona comparte negocios inmobiliarios con un testaferro de Roca

El abogado Juan Hoffmann, testaferro de Roca, cuando fue detenido en 2007

Publicado el 3/10/2013

eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), comparte negocios inmobiliarios desde 2001 con el abogado Juan Hoffmann, considerado uno de los testaferros más importantes del principal acusado en el ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca. Así, pues, a su profesión de notario y registrador de la propiedad, el primer edil esteponero suma también la faceta de promotor inmobiliario.

Hoffmann, descrito por la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda como el «testaferro internacional» de Roca, que canalizaba y ocultaba presuntamente fondos del exgerente de urbanismo municipal, a través de una estructura societaria en Suiza, se enfrenta a siete años de prisión y multa de 100 millones de euros, por delitos de blanqueo de capitales. Todo ello en el procedimiento penal cuya sentencia se conocerá este viernes en la Audiencia de Málaga.

Según los datos recabados por el diario.es/andalucia, en la última declaración del impuesto de sociedades que consta en la Agencia Tributaria, correspondiente al 31 de diciembre de 2011, el capital social de Nuevos Aires 2002 S.L. quedaba repartido de la siguiente manera: Juan Hoffmann aparece con el  24,12% de las participaciones; Nogales de María S.L., cuyo socio único es José María García Urbano, tiene el 18,02%; y Omega 93 S.L., controlada por el conocido constructor malagueño Bonifacio Solís, el 57,86%.

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El alcalde de Estepona destituye al imputado en Gürtel Ricardo Galeote

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (izqda), junto al presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, en imagen de archivo.

Lo fichó como asesor de Alcaldía en Enero de 2012

El regidor prescinde también de otros cuatro cargos de confianza

Publicado el 6/09/2013  en eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

El exconcejal del PP imputado en el caso Gürtel, Ricardo Galeote, ha dejado de ser un protegido de su partido a sueldo de las arcas públicas. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, lo ha destituido este viernes en su cargo como asesor de Alcaldía. El cese se suma al de otros cuatro cargos de confianza nombrados directamente por el regidor al comienzo de la presente legislatura 2011-2015.

La destitución de Galeote, que percibía un sueldo anual de más de 47.000 euros, se produce una semana después de la emisión de un reportaje emitido el 28 de agosto pasado en el programa Te vas a enterar, de Cuatro, en el que dicho espacio se hizo eco de las informaciones que eldiario.es viene publicando desde el pasado mes de febrero sobre la polémica contratación del hermano del europarlamentario del PP Gerardo Galeote, asesor personal de Mariano Rajoy en Génova.

El nombre de Ricardo Galeote, imputado por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por recibir supuestos sobornos de la red Gürtel a cambio de adjudicaciones municipales, volvió a sonar hace una semana a raíz del escándalo político suscitado a nivel nacional tras conocerse el nombramiento, como jefe del servicio jurídico de Urbanismo, de Andrés Flores. Se trata de un funcionario imputado por cohecho y blanqueo de capitales por corrupción urbanística municipal en Estepona durante gobiernos del PSOE con exdiles del GIL como socios. Se trata del llamado ‘caso Astapa’.

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El alcalde de Estepona nombra jefe jurídico de Urbanismo a un imputado por corrupción urbanística

 

Imagen del programa Te vas a enterar (Cuatro)

Vídeo: El técnico Andrés Flores percibirá anualmente más de 68.000 euros

Publicado el 27 de agosto de 2013 en eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Suma y sigue en la espiral de contrataciones de imputados por corrupción que lleva a cabo el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), el mismo que llegó en 2011 a la localidad malagueña, apadrinado por Javier Arenas y el mismísimo José María Aznar, para regenerar la vida pública municipal del Consistorio que gobernaba el PSOE.

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Simulacro de primarias para huír de los ERE y de la Junta

De izqda a drcha Elena Valenciano, Mario Jiménez, Griñán y Susana Díaz en el último comité director del PSOE-A

José Antonio Griñán dice adiós. Se marcha un presidente de la Junta de Andalucía que nunca ganó en las urnas a su principal adversario, el Partido Popular del ahora desaparecido Javier Arenas. En paradero desconocido tras las revelaciones del extesorero Luis Bárcenas ante el juez Ruz.

Desde que a finales de junio Griñán anunciara que no deseaba presentarse de nuevo a los comicios autonómicos, el todavía presidente se ha movido en una vorágine de contradicciones sobre su futuro más inmediato. Primero dijo que su deseo era acabar la legislatura. Luego, tras el simulacro llevado a cabo como proceso de elecciones primarias en el seno del PSOE-A, ha optado por dejar su cargo a finales de agosto. Será sustituido por la que él designó desde el principio para sustituirle, Susana Díaz.

El PSOE andaluz tenía una gran oportunidad para dar ejemplo de democracia interna, sin injerencias del aparato y posibilitar, mediante la reducción de avales, que concurrieran más candidatos ante las urnas. El escenario idóneo para luego depositar el voto secreto. Es así como verdaderamente se ejerce la libertad de votar, no con un aval donde quien lo firma se retrata con nombres, apellidos y DNI.

Era imposible reunir en tan corto espacio de tiempo los avales necesarios para los candidatos alternativos: el consejero Luis Planas y el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez. Lo que se ha hecho es una demostración de fuerza del llamado ‘susanismo’, ese “nuevo tiempo” para Andalucía. Un discurso vacío de contenido que la candidata ha pregonado durante toda su campaña. La alumna ha querido romper tanto con el legado de su maestro que ha llegado a hablar del “fracaso de las políticas socialdemócratas en Europa”, cuando Griñán siempre se ha declarado “socialdemócrata convencido”.

Con su jugada maestra a toda prisa, para convocar esas primarias exprés e imponer a su ahijada política, el presidente del PSOE ha burlado a Ferraz, con el consentimiento de Rubalcaba, que ha tragado sin hacer caso a históricos socialistas andaluces como el expresidente Borbolla, Carlos Sanjuán y Manuel del Valle. Ellos denunciaron ante el Federal las irregularidades que se estaban cometiendo al convocar ahora primarias.

En noviembre próximo la Conferencia Política de dicho partido iba a aprobar un nuevo modelo de primarias en el que, al estilo de Francia, los simpatizantes también podrán votar a sus nuevos candidatos de partido. Para numerosos socialistas andaluces, ajenos a las componendas de Susana Díaz y los  suyos, todo se ha quedado en un sueño  de verano a la francesa.

Por mucho que Griñán lo niegue el caso de los ‘ERE’ falsos es el principal motivo para su marcha. Ya se cuidó él, muy mucho, de anunciar su retirada el día antes de que declarara el exinterventor general de la Junta y le incriminara, como así ha sido finalmente.

Nadie se cree lo de las “razones personales y familiares” que el también secretario general del  PSOE-A esgrimió al comienzo del mal llamado proceso de primarias. Si así fuera, ¿por qué alguien que invoca su esfera privada, como motivo para su renuncia a gobernar, no abandona también el resto de sus cargos políticos? Seguirá siendo secretario general , además del puesto que ocupa a nivel federal. ¿No son demasiadas responsabilidades para alguien que quiere dedicarle más tiempo a su vida fuera de la política?

Griñán busca seguir aforado, no sólo ante el TSJA como parlamentario andaluz que es, sino también como senador por la autonomía. Se trata de un cargo para el que será designado en breve y que le permitirá ser encausado por el Tribunal Supremo, como es previsible a tenor del rumbo de la juez Alaya.

Y mientras tanto el PP andaluz demuestra falta de unidad en su discurso, nada más conocerse que Griñán dejaría el cargo antes de septiembre. El secretario general, José Luis Sanz, calificó de “error”, por el enorme gasto económico, un posible adelanto electoral. Al día siguiente su jefe de filas, Juan Ignacio Zoido, defendía un adelanto electoral “para acabar con la situación de corrupción”. ¿Seguirá el PP-A poniéndoselo tan fácil al PSOE-A?

Rajoy, el «chantaje» y su concepto del Estado de Derecho

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa del 15 de julio de 2013

El argumentario del Gobierno y del PP es claro: Pretenden insistir en la teoría del «chantaje» y la conspiración de su extesorero, Luis Bárcenas. Este lunes Mariano Rajoy decía que se trataba de «un chantaje contra el Estado de Derecho», frente al que dice no haber cedido.

Osea que el presidente del Gobierno, como representante del poder Ejecutivo se erige en Estado de Derecho. Rajoy, imbuido de una especie de halo de monarca absoluto para no dar explicaciones, no es el encargado de impartir justicia en España, afortunadamente. Aunque él mismo vino a decir que la mayor prueba de no haber cedido ante Bárcenas era que estaba en la cárcel.

¿En qué consiste el chantaje de una persona a la que el Partido Popular le ha estado pagando sus abogados hasta hace bien poco?, cabría preguntarle al presidente si no se parapetara de los periodistas, prestándose al juego de una pregunta obsequiosa y cómoda, del diario ABC. El redactor daba por hecho en la interrogación que ha existido tal «chantaje» y que su periódico lo había puesto al descubierto. No parece lo más acertado por parte de Rajoy atribuirle al extesorero del PP dicha conducta, porque el que teme a un chantajista es que ha hecho algo mal, o tiene algo que ocultar.

El propio presidente se contradijo en sus breves e insuficientes explicaciones en la rueda de prensa junto al primer ministro polaco. Primero habló de ese «chantaje al Estado de Derecho» para, a continuación, decir sobre los SMS cruzados con Bárcenas que él no puede estar saliendo «cada día al paso» de las «insinuaciones, rumores o informaciones interesadas».

Toda la prensa internacional haciéndose eco de cómo apoyaba a su extesorero después de descubrirse su fortuna en Suiza y a él lo de los mensajes telefónicos le parece poco menos que un «chascarrillo», palabra que ha sido utilizada por el también dirigente del PP Carlos Floriano, torpe donde los haya en materia de comunicación.

La comparecencia ante los periodistas en Moncloa resultó patética, especialmente por el hecho de haber tenido que leer la respuesta que llevaba preparada ante la previsible pregunta sobre el antiguo guardián de las finanzas de la calle Génova. Ha sido la misma táctica empleada este martes por el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, mano derecha de María Dolores de Cospedal en la región, para decir que «nunca» se reunió con el presidente de la empresa Sacyr, Luis del Rivero, en el marco de la supuesta comisión de 200.000 euros  entregada por el empresario y que Bárcenas atribuye a la adjudicación de una contrata de limpieza y basura en el Ayuntamiento de Toledo.

Acabo de ver un resumen del tratamiento informativo de este escándalo en las televisiones de medio mundo. La imagen no puede ser más lamentable y bochornosa. El peor exponente de esa marca España se resume en dos palabras: Mariano Rajoy. Está muy extendido entre los gobernantes, cuando tienen problemas, echarle la culpa al mensajero, en este caso al diario El Mundo, sobre noticias que a su juicio «dañan la imagen de España». Es algo muy manido y propio de dictadores bananeros. Son las conductas de un gobierno las que pueden dañar la imagen de un país, no los medios de comunicación por contarlo y transmitírselo a los ciudadanos, algo que es su principal deber.

Rajoy invoca a su favor la supuesta «estabilidad» de su Ejecutivo, pero esa estabilidad no se puede supeditar sólo a la mayoría absoluta con que cuenta el PP, como si eso fuera un comodín multiusos. Su deber, ineludible, es acudir al Congreso de los Diputados y ofrecer cuantas explicaciones sean necesarias. Su actitud supone una tomadura de pelo a los ciudadanos.

La moción de censura anunciada por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, si el grupo parlamentario del PP rechaza de nuevo la comparecencia, supone un brindis al sol, dado el rodillo de los populares. No obstante, sería la opción más legítima de la oposición para reivindicar los valores de una institución tan devaluada como es la Cámara Baja.

Mariano Rajoy, un presidente incompatible

Mariano Rajoy junto a Javier Arenas durante un acto reciente  del PP

Silencio. Esa es la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante un escándalo como el llamado ‘caso Bárcenas’,  que traspasa las fronteras españolas y recogido ampliamente por medios tan relevantes e influyentes como el Financial Times , por no hablar de la prensa alemana.

Dejando al margen el asunto de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y centrándonos en los sobresueldos, podríamos decir que tenemos un gobernante incompatible, porque habría vulnerado la Ley de Incompatibilidades que impide a un miembro del Gobierno, sea ministro o presidente, percibir ingreso alguno distinto a sus emolumentos en el Ejecutivo.

Lo más grave es que Rajoy era el guardián que debía velar por el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades aprobada en 1995. Su cargo como ministro de Administraciones Públicas así se lo exigía. De hecho, la citada legislación contempla que el cargo gubernamental que incumpliera la normativa debería ser destituido de forma automática.

Estamos ante un presidente incompatible no sólo con dicha legislación, sino también con respecto a la transparencia, y el respeto a los medios de comunicación. Ahora, cuando El Mundo publica los papeles originales de la contabilidad B del extesorero todo sigue siendo mentira para el PP, con la salvedad de que no anuncian querella o demanda alguna contra el medio de comunicación. ¿Por qué? cabría preguntarle a la secretaria general María Dolores de Cospedal o a su mano derecha, Carlos Floriano. Sí emprendieron acciones judiciales como partido a raíz de las fotocopias que publicó El País.

Están en su derecho los que llaman “mentiroso” a Bárcenas. No obstante, viendo el recorrido de sus versiones (a falta de la nueva ante el juez) es perfectamente verosímil que Mariano Rajoy, junto a  Javier Arenas, éste último perejil de todas las salsas, le convencieran para negar la veracidad de la contabilidad que se le atribuye tras publicarlo el diario del grupo Prisa. El extesorero confió en su partido y se olvidó de tirar de la manta para negarlo todo. Ahora, en la cárcel, al verse en la cuneta, sin haber conseguido apartar del caso Gürtel a las que él llama “fiscalas de Rubalcaba”, la estrategia es el ataque.

Ya en la tarde del 27 de junio, cuando Bárcenas aún no había entrado al furgón de la Guardia Civil que le trasladaría a la prisión de Soto del Real, informé en el programa ‘Te vas a enterar’, de Cuatro, acerca de la estrategia que desde ese momento iba a poner en marcha el guardián de las finanzas de Génova. Fuentes del entorno de Bárcenas me anunciaron lo siguiente, tal y como adelanté en Twitter: “Que se vayan preparando en Génova porque  tiene varias bombas para activar”.

¿Alguien se cree que Bárcenas fue preconstituyendo pruebas falsas durante sus más de veinte años como gerente y luego tesorero? A los que piensen que sí les diría que eso no casa con los elogios y la confianza ciega que le demostraron, a raíz de su imputación en el ‘caso Gürtel’, tanto Rajoy como Arenas.

Una vez que ha quedado claro el criterio de todos los peritos calígrafos, sin distinción, sobre la autenticidad de los papeles del extesorero, tanto fotocopias como originales, nos encontramos con la teoría de la lógica: Son numerosos los dirigentes y cargos del PP, empezando por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que han reconocido la veracidad de los apuntes contables al figurar en ellos como perceptores de dinero. Entonces, ¿qué necesidad tenía Bárcenas de mentir cuando en los años noventa anotaba en su caja B sobresueldos distribuidos a los entonces ministros? Yo creo que ninguna.

Manilva: del enchufismo al transfuguismo

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), junto a su socio de gobierno, Emilio López (ASM)

Lo del pueblo malagueño de Manilva y su alcaldesa, Antonia Muñoz, tiene difícil arreglo. Esta localidad de la Costa del Sol Occidental, limítrofe con la provincia de Cádiz, vive inmersa en un contínuo escándalo. Ahora, como en un carrusel, se pasa de los graves casos de enchufismo, con imputaciones en sede judicial, al transfuguismo, algo que acompaña la historia de los últimos quince años en este municipio de 14.000 habitantes.

Ha hecho bien el diputado de IU por Málaga en el Congreso, Alberto Garzón, en reconocer ante los periodistas que “desgraciadamente hemos actuado tarde en Manilva”. Él mismo se ha incluido en la autocrítica, sin escurrir el bulto aunque sea un recién llegado, en comparación con sus compañeros de filas, especialmente el excoordinador regional y actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y el coordinador provincial y portavoz parlamentario, José Antonio Castro.

Han tenido que llegar las televisiones nacionales a Manilva y emitir reportajes sobre los centenares de enchufados, entre ellos muchos familiares y parientes de la alcaldesa, así como del resto de su lista electoral colocados a dedo, para que IU-CA comenzara a plantearse adoptar medidas drásticas. Todo ello a pesar de que los medios regionales, especialmente el diario ABC y su corresponsal en Málaga, Pablo D. Almoguera, han venido poniendo al descubierto las vergüenzas internas de la coalición en Manilva.

Lo último que se ha conocido, en el marco de un demoledor informe de la Guardia Civil, es el «patrimonio excesivo» de la regidora. Los agentes vinculan el supuesto enriquecimiento patrimonial con adjudicaciones municipales por importe de más de 600.000 euros a empresas en la órbita de Muñoz, su marido y un primo.

Hasta hora la política de los dirigentes de la coalición era barrer todo debajo de la alfombra, con el manido pretexto de “hasta que no lo diga un juez…” o el otro tan recurrente de “hasta que no haya sentencia…”

Como no han renunciado a sus actas, de nada ha servido que la polémica alcaldesa y sus seis concejales hayan abandonado la coalición.Todos los munícipes manilveños de la federación de izquierdas tienen la desfachatez de continuar en el equipo de gobierno como tránsfugas, sustentados por otra persona como el exalcalde del PSOE Emilio López Berenguer, expulsado en su día de dicho partido por pactar la Alcaldía con gilistas.

Bien es cierto que la medida para que IU desaparezca como marca política, en el marco de una operación de lavado de cara, ha sido forzada por la dirección provincial y tras la llegada del nuevo coordinador regional, Antonio Maíllo, que por fin ha puesto pie en pared.

Llueve sobre mojado en Manilva, porque el PSOE expulsó de sus filas a dos  alcaldes en un periodo de tan sólo cinco años. El ya citado López Berenguer, en 2000, y en 2005 corrió la misma suerte Salvador Zotano, quien también pactó con gilistas una moción de censura contra la ínclita Antonia Muñoz. Hoy Zotano es el adalid de la oposición a Muñoz, con denuncias interpuestas en los tribunales.

El problema de fondo en este pueblo, una de las perlas de la especulación urbanística en los años dorados de la burbuja inmobiliaria, es la falta de renovación en los partidos políticos desde hace más de tres lustros, especialmente en el caso de Antonia Muñoz y López Berenguer, ahora socios y antaño enemigos irreconciliables.

En más de una ocasión el título de la novela Nadie conoce a nadie, obra de Juan Bonilla, ha servido para ilustrar las fobias y filias de la política manilveña. Lo anterior es sólo una muestra de las muchas peripecias de travestismo político que ha vivido este bello municipio costero, famoso por sus viñas, y no exento también de escándalos urbanísticos.

Otro ejemplo más, para concluir. El actual portavoz municipal del PP, Francisco Miguel Álvarez, protagonizó una moción de censura contra el PSOE en 1998 aliándose con el GIL y un tránsfuga de IU. Luego, tras su salida del PP, se alió con los gilistas y juntos crearon el Partido Democrático de Manilva (PDEM) heredero del GIL. Ahora, Álvarez está de nuevo en las filas populares, como en la parábola del regreso del hijo pródigo. Así se escribe la historia.

La alcaldesa de Marbella se enreda en la Gürtel

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, tras ganar las elecciones municipales de 2007

Quién le iba a decir a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que la red de corrupción Gürtel que salpica a los aledaños del PP se cruzaría en su camino en el ecuador de su segundo mandato (2011-2015).  Todo por una factura de 5.245  euros que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, pagó de su bolsillo, “como regalo”, por los servicios prestados en el mitin-cena que sirvió en noviembre de 2002 para que Aznar presentara a Muñoz como candidata a la Alcaldía.

Cabría preguntarse de qué forma se cobró luego Correa ese “regalo” cuando su empresa Special Events, habitual adjudicataria del PP, le perdonó a la formación conservadora dicha cantidad e hizo constar en el saldo negativo los 5.245 euros del obsequio, según el documento publicado recientemente por El País.

Toda la oposición de Marbella (PSOE, OSP e IU) ha exigido a la regidora explicaciones, así como que haga públicas el resto de facturas por el alquiler del Palacio de Congresos de Marbella. Dicho recinto albergó aquel 26 de noviembre de 2002 una multitudinaria cena a la que asistieron “más de 2.000 personas”, según la cifra aportada por Muñoz, a su vez presidenta local del PP desde 1998.

La alcaldesa ha eludido aclarar si el alquiler de dicho recinto fue pagado por la sede nacional de Génova, o bien por el ínclito Correa. A medida que pasan los días el enredo en  el que se ha metido Ángeles Muñoz es mucho mayor. La munícipe marbellí lo tendría muy fácil para zanjar los  interrogantes. Con enseñar la factura que demuestre que el PP pagó dicho alquiler sería suficiente, pero se niega a hacerlo. Lo cierto es que la alcaldesa preside la sociedad municipal que explota el Palacio de Congresos y en su contabilidad interna tendría que figurar cuánto les costó a los populares alquilar el pabellón para la visita de Aznar.

Raro sería que el entonces alcalde marbellí, Julián Muñoz, hubiera permitido al PP celebrar el sarao preelectoral gratis total. El gesto quedaría aún más feo que el “regalo” de Correa. El argumento de Ángeles Muñoz sobre la contratación de Génova con Special Events radica en que “hace doce años nadie conocía el lado no profesional que tenía la empresa contratada”. Desde ese punto de vista, podríamos decir  que tampoco en 2002 se conocía que una serie de abogados del gerente de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, se dedicaban a blanquear fondos para él, como testaferros, y pasaban por ser unos respetables letrados.

La alcaldesa de Marbella presume de transparencia pero no predica con el ejemplo. De hecho, la prestigiosa organización Transparencia Internacional suspende al Consistorio marbellí en lo que se refiere a la adjudicación de contratos municipales. El equipo de gobierno que preside Muñoz tan sólo logra un 25 sobre un máximo de 100 puntos.

El motivo de ese suspenso tiene su explicación en que el PP no ofrece los nombres completos de las personas jurídicas (sociedades) a las que adjudica contratos. Tan sólo  publica acrónimos de iniciales en la página web del Ayuntamiento de Marbella. Así pues, el ciudadano se encuentra con una barrera infranqueable de iniciales cuando quiere saber a quién le han adjudicado un contrato público. Esto no ocurría ni siquiera con Jesús Gil o Julián Muñoz como alcaldes. Por eso conviene que se sepa lo anterior cuando la alcaldesa invoca la ley de protección de datos para no dar nombres de empresas adjudicatarias.

Pero volviendo al ‘caso Gürtel’ las pesquisas del juez Ruz en la Costa del Sol, para conocer los contratos de la red corrupta con administraciones públicas, se han convertido en otro quebradero de cabeza para el PP. En las fechas del sonado mitin de Aznar en Marbella de 2002 Francisco Correa ya se paseaba a sus anchas por el litoral occidental malagueño. Su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, era jefa de gabinete de la entonces alcaldesa de Estepona Rosa Díaz (PP).

Special Events y Pasadena Viajes, ambas propiedad de Correa, facturaron al municipio de Estepona 123.000 euros por contratos durante el periodo 2000-2003. Por eso el juez Ruz le ha pedido al actual alcalde del PP, José María García Urbano, que le envíe todas las facturas. El regidor tiene actualmente como asesor personal en Alcaldía al imputado en Gürtel Ricardo Galeote, la pieza clave en la investigación de todas las adjudicaciones que logró Correa en la Costa del Sol.

Pero hay más, el secretario general del PP de Marbella, Manuel Cardeña, brazo derecho de Ángeles Muñoz en el partido, autorizó entre 2000 y 2003 una serie de facturas por importe de al menos 35.000 euros  que fueron pagadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a la empresa Pasadena Viajes.

 Después de analizar con profusión de datos todas las adjudicaciones que logró la red Gürtel en la Costa del Sol entre 2000 y 2003 es verosímil que Correa, vistos los antecedentes del sumario, quisiera hacerle al PP un “regalo” de 5.200 euros por organizar el mitin de Aznar en Marbella.