‘Caso Troya’: Cuando la corrupción llama a la puerta del PP

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, vociferando tras ser detenido en Enero de 2007.

Cuando menos se lo esperaba el PP de Andalucía, en el momento más dulce, con todas las encuestas a su favor para ganar las elecciones el 25 de marzo, se ha conocido la sentencia de la Audiencia de Málaga por el ‘caso Troya’. El alcalde ‘popular’ de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha sido hallado culpable de uno de los peores delitos por los que puede ser condenado un cargo público: El cohecho.

Al polémico y populista primer edil se le impone una multa de 200.000 euros y un año de inhabilitación. El fallo considera probado que Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, reclamaron bajo cuerda un soborno de 122.000 euros al promotor local José Burgos Leiva, conocido como ‘El Perolas’, a cambio de una licencia de obras.

Cuatro años después de la detención de Martín Serón y Guerra la corrupción vuelve a llamar a la puerta del Partido Popular, como el que tiene un pariente del que no sabía desde hace tiempo y de forma sorpresiva se presenta en casa, cuando menos se le espera. De hecho, el pasado miércoles los dos ediles mencionados acudían a la Audiencia de Málaga casi de tapadillo a recoger en mano la sentencia. A la misma hora los medios de comunicación estaban más pendientes de la surrealista declaración, durante el jucio del ‘caso Malaya’, del conocido promotor Rafael Gómez ‘Sandokán’, un ejemplo de populismo similar a Martín Serón, pero en Córdoba, donde ejerce como concejal de un partido independiente.

«No vienen a por mí vienen a por el PP». Esta fue la memorable soflama que soltó Martín Serón cuando logró quedar en libertad bajo fianza en Enero de 2007, tras ser detenido cuando salía de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. Digo yo que la Policía Nacional podía haber elegido otro momento mejor para el arresto, convertido en noticia nacional precisamente por haberse producido tras un acto del hoy presidente del Gobierno.

Durante estos cuatro año el munícipe alhaurino ha revalidado dos veces la mayoría absoluta en su pueblo, ha gozado de todo el apoyo de su partido y ni siquiera ha sido suspendido de militancia. Bien es cierto que ningún cargo provincial del PP que preside Elías Bendodo asistió siquiera a la primera sesión del juicio para arropar a sus cargos.

Debería establecerse un criterio único en los partidos políticos para los casos de corrupción, porque es habitual ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio cuando se reclaman dimisiones por delitos en el ámbito municipal o autonómico. También sería bueno elaborar algún estudio sociológico sobre cómo los ciudadanos premian en las urnas a los gobernantes salpicados por casos de corrupción. Un ejemplo de ello es la Comunidad Valenciana, no sólo con el acusado Francisco Camps, también con el inefable ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y tantos otros cargos legitimados en las urnas. Algunos encausados llegaron a decir que no importaba lo que dijeran los tribunales, porque habían sido absueltos por sufragio popular.

Otro ejemplo claro de cómo se legitimó la corrupción en las urnas es Marbella. Un partido como el Grupo Independiente Liberal (GIL), salpicado de escándalos, fue votado con mayoría absoluta en las urnas cuatro veces consecutivas: «Roba pero hace cosas». Este era el leit motiv que se escuchaba a diario en la ciudad durante aquellos años oscuros de Jesús Gil como alcalde (1991-2002). Sólo el Estado de Derecho pudo desmontar en marzo de 2006 la trama corrupta que había saqueado el Consistorio marbellí, que fue disuelto.

Esta semana cuando le preguntaban al presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, sobre la condena a Martín Serón decía que sería bueno «abrir un debate franco y sereno sobre la presunción de inocencia». También sobre cuándo un político debe dimitir tras resultar imputado en una causa. El caso es que al entrar en tales disquisiciones el que está llamado a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía eludió pronunciarse sobre si Martín Serón debe dimitir o no.

Quién sí se pronunció fue el presidente de la Diputación de Málaga y máximo responsable provincial del PP, Elías Bendodo: «Son muchas suposiciones en la sentencia que han llevado a la condena y que podrían haber sido interpretadas de otra manera», dijo tras volver a mostrar su apoyo al regidor, en espera de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el condenado sacaba pecho en rueda de prensa el día después de la decisión judicial y seguía fiel a su bandera: «Tengan cuidado con la Policía, la Fiscalía y el PSOE». Esta vez no habló del grupo Prisa, contra el que cargó hace cuatro años también como culpable de todos su males.

Aunque la acusación inicial de la Fiscalía se haya desinflado: La condena es sólo por uno de los 13 casos de cohecho por los que se enjuició a los acusados, ello no deslegitima ni resta gravedad a una sentencia por corrupción como la que ha recaído sobre el primer edil y su concejal de Urbanismo. Este último dijo días atrás que él era un «analfabeto en cuestiones urbanísticas». ¿Cabe mayor desfachatez y tomadura de pelo?

Lo cierto es que por mucho que Serón cuestione la sentencia el ponente de la misma, Fernando González Zubieta, es un magistrado solvente y de reconocido prestigio. Fue él también el ponente de la sentencia que en 2000 condenó a Jesús Gil por cuatro delitos de prevaricación, en el caso de la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid. El Supremo legitimó el fallo en 2002 y el delincuente habitual tuvo que dejar la Alcaldía inhabilitado por 28 años.

Rajoy, Arenas y la invitada Standard & Poor’s

Javier Arenas y Mariano Rajoy durante la convención regional del PP.

La agencia de calificación Standard & Poor’s no estaba invitada a la fiesta de la convención regional del PP de Andalucía en Málaga, pero se coló por todas las rendijas, después de la rebaja de calificación a España y otros ocho países de la zona euro. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró este sábado su primer acto público de partido desde que fue investido en su cargo y no se anduvo por las ramas, tras el varapalo del organismo norteamericano: “No necesitamos que nadie nos diga lo que hay que hacer”, clamó sin nombrar al invitado no deseado, presente en todos los titulares del día como una pesada losa.

La bajada en la calificación de España mereció la respuesta de Rajoy. Nadie las tenía consigo en cuanto a que fuera a hablar de dicho asunto. La última vez que estuvo en Málaga, durante la convención nacional de su partido- en octubre- tuvo también como invitado inesperado a la agencia Fitch y su rebaja en la calificación de la nota de España. Fue un duro golpe a las comunidades autónomas. Sin embargo, el entonces candidato a la presidencia del Gobierno no hizo una sola alusión a ello y rompió todos los pronósticos.

El presidente se aferra a la “reputación” del país como argumento para crecer en solvencia. Su ‘número dos’, Soraya Sáenz de Santamaría, fue más escueta este domingo al referirser a la agencia de rating norteamericana, pero no se quedó atrás al lanzar un mensaje explícito: “Devolver la confianza en las instituciones también cotiza en bolsa”. Pero el respaldo cosechado por el PP en las urnas el 20-N queda ya muy lejos, a pesar del poco tiempo transcurrido, sobre todo porque los recortes y subida de impuestos han sido muy impopulares, poco entendidos y mal explicados.

Rajoy ha tratado de proyectar su mensaje de recortes y reformas como “algo necesario que hay que hacer”, no porque lo impongan los mercados. Eso es poco menos que una quimera, porque España no tiene autonomía propia ni es soberana en el contexto económico europeo actual. Los sindicatos y el resto de agentes sociales se pueden ir preparando, porque el jefe del Ejecutivo español tiene clara una cosa sobre la inminente reforma laboral: “Queremos que haya acuerdo, y si no que cada uno asuma su responsabilidad”, por no decir aquello de que cada palo aguante su vela.

Y es que al Gobierno del Partido Popular le urge, sobremanera, acometer cuanto antes la tan traída y llevada reforma laboral. Por  mucho que Rajoy ningunee a Standard & Poor’s la agencia estadounidense ha amenazado con rebajar su nota sobre España, aún más, si se retrasan los plazos del acuerdo con los agentes sociales.“A un gobierno no se le puede pedir que no haga nada”. Esta fue otra de las frases que dejó Mariano Rajoy a la militancia entregada de su partido en Málaga, para contestar a quienes han criticado duramente sus recortes y subida de impuestos, tras prometer lo contrario días antes de salir elegido en las urnas.

Una vez que el ‘aguafiestas’ de Standard & Poor’s ha tenido su cuota inesperada de protagonismo conviene no olvidar que el cónclave del PP andaluz, celebrado durante tres días en Málaga, tenía como objetivo ser el pistoletazo de salida para catapultar a Javier Arenas a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo 25 de marzo. A tenor de todas las encuestas, salvo hecatombe, Arenas tiene expedito su camino hacia el Palacio de San Telmo y su discurso ante las bases es claramente presidencialista. Todo gira ya en torno al día después de la cita con las urnas.

Por si alguien tiene alguna duda, el dirigente opositor andaluz anuncia lo que vendrá después: “Nos vamos a encontrar la deuda pública peor de lo que nos dicen”. ¿Estará preparando el camino para otra subida impositiva en Andalucía? En la hemeroteca, como promesa para ser cumplida, queda lo siguiente: “No voy a reducir ni un solo euro en Educación, porque ese es el futuro de nuestros hijos”. Ojalá lo pueda cumplir. Además, Arenas se  compromete a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones.

No obstante, durante la convención ha llamado poderosamente la atención una advertencia de la vicepresidenta del Gobierno: “Siempre he venido muy agusto a Andalucía, pero cuando me pidáis que no venga lo aceptaré”. Cabría preguntarse si Sáenz de Santamaría está pensando en una presencia incómoda si, como es previsible, los recortes se acentúan aún más cuando llegue la campaña electoral de las elecciones andaluzas. Está claro que el PSOE y su candidato, José Antonio Griñán, van a basar su discurso en la subida de impuestos de Rajoy, además de los recortes, a la hora de arañar votos a la desesperada.

El regreso del juez sobornado por Roca

El juez Francisco Javier de Urquía cuando fue juzgado en el TSJA

Información que publiqué en elmundo.es el 1 de Enero de 2012.

El regreso del juez Francisco Javier de Urquía a la carrera judicial, tras ser condenado en firme por cobrar sobornos del principal acusado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, ha causado asombro y perplejidad en Marbella.

Es difícil de entender que el preso más antiguo de España, sin condenas por delitos de sangre, Miguel Montes, no logre un permiso para pasar Navidad ni Año Nuevo en su casa. Más complejo es asimilar que el ex titular del Juzgado de Instrucción 2 marbellí, condenado en firme por un delito de cohecho pueda, en breve, volver a vestir la toga. Todo ello gracias a la Sala de lo Contencioso del Supremo que otorga la razón al magistrado.

Lo cierto es que los jueces de la Sala Penal del Supremo que le condenaron en marzo de 2009 fueron muy benevolentes. Dejaron la sentencia en tan sólo 21 meses de suspensión de la carrera judicial y multa de 73.800 euros. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había sentenciado a De Urquía a dos años de prisión y 17 años de inhabilitación, por cohecho y prevaricación. Finalmente quedó absuelto del segundo delito.

De Urquía, alicantino de 43 años de edad e hijo de un ex magistrado de la Audiencia de Alicante, sigue manteniendo su lujosa casa de Marbella. Es la misma que el propio Roca confesó haberle ayudado a comprar en 2006 con 73.800 euros “para la entrada”, a cambio de favores judiciales.

«De Urquía se ofreció»

Durante el juicio contra ambos, celebrado en julio de 2008, el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal detalló que fue el propio juez quien se ofreció a favorecerle.

Dijo que fue a través de un amigo común de ambos. Se trata de Arnaud Fabrice Albouhair, hijo de la conocida empresaria discotequera Olivia Valere. Esas amistades peligrosas del mundo de la noche marbellí, que tanto frecuentaba el juez, fueron el principio del fin de la carrera judicial ahora retomada.

De Urquía secuestró cautelarmente un programa de televisión localsobre la figura delictiva de Roca, tras una querella del entonces asesor urbanístico de la alcaldesa Marisol Yagüe. Era el 16 marzo de 2006 y faltaban poco más de dos semanas para que el juez Miguel Angel Torres desencadenara la primera fase de la operación ‘Malaya’. La fechas coinciden. Poco después de que Urquía firmase el contrato de su vivienda, e hiciese los pagos, censuró dicho espacio televisivo.

El primero de los juicios contra De Urquía en el TSJA deparó otra sorpresa, además de la confesión de Roca. El principal perjudicado por el secuestro del programa y propietario del canal Telemar, Cristóbal Toro, que arremetió en 2006 contra el juez en rueda de prensa, se convirtió luego en testigo de su defensa. Declaró que la medida cautelar, pedida por Roca, no le supuso ningún perjuicio y que incluso conllevó un aumento de la audiencia del canal.

Su regreso a una plaza de juez, tras la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) puede ser efímero. No en vano la Sala Penal de dicha instancia judicial deberá resolver en breve si condena en firme a De Urquía por otro turbio asunto de corrupción judicial. Sobre él pesan 2 años de prisión también por cohecho, 17 de inhabilitación y multa de 145.000 euros.

En el TSJA quedó probado que fue sobornado con 60.000 euros para excarcelar a tres detenidos por la operación ‘Hidalgo’. Así se bautizó un sonado caso de presunto blanqueo de capitales que instruyó el polémico togado.

Trabaja en despachos de abogados

Desde que en julio de 2007 fuera apartado de la carrera judicial De Urquía no ha perdido el tiempo. Además de preparar concienzudamente su defensa ha trabajado en despachos de abogados de Marbella que presumen de contar con sus servicios. Tal es el caso de la firma Lexland, con oficinas en la principal avenida de la ciudad.

Antes de que se conociera el reingreso en la carrera judicial del ex juez instructor marbellí el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderon, destacaba la existencia de «una primera sentencia» del caso ‘Malaya’. De esa forma se refería a la pieza separada contra de Urquía, que nació del macrosumario por corrupción municipal.

Afortunadamente los ciudadanos de Marbella no volverán a encontrarse a De Urquía en el vetusto edificio judicial, porque perdió su plaza. Deberá optar a los concursos pertinentes por el resto de la geografía española. Su trayectoria delincuencial parece dar la razón a quienes piensan que la Justicia no es igual para todos.