Piñera y su polémico modelo educativo

Un manifestante porta una pancarta durante las protestas de Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se encuentra atrapado en un auténtico laberinto del que parece no querer salir, a tenor de su torpeza y la de los miembros de su Ejecutivo a la hora de afrontar las protestas sociales, encabezadas por los estudiantes, que sacuden estos días el país andino. Los jóvenes, amparados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con más de 80 organizaciones alrededor, convocantes de la huelga general junto a partidos de oposición (centro-izquierda y comunistas) exigen  una nueva Constitución y un nuevo código del trabajo. Pero lo más importante de lo demandado es la aspiración a acabar con el modelo educativo actual, heredado de la dictadura y que se ha encontrado Piñera sin renegar del mismo. Lo asume plenamente.

 No obstante, los anteriores gobiernos de centro-izquierda que sustituyeron al dictador Augusto Pinochet nunca se preocuparon de reformar el actual sistema educativo. Ahora sólo se habla del descontento hacia Piñera, pero nadie recuerda que en 2006 muchos de los manifestantes que salen hoy a las calles ya se movilizaron contra la antecesora del actual gobernante, la socialista Michelle Bachelet, al comienzo de su mandato. Fue la llamada revolución de los pingüinos, por el color de los uniformes de los alumnos de Secundaria.

Tal y como sucedió hace cinco años, las reivindicaciones son las mismas, aunque el número de manifestantes supera con creces al de entonces y convierte las marchas en las más numerosas que ha afrontado un gobernante democrático chileno tras la dictadura.  Se pretende que el Estado garantice una educación pública gratuita y de calidad, así como que se prohíba el lucro en la educación privada. Actualmente sólo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado. El 75% restante depende de las aportaciones de los propios estudiantes.

El gobierno de Pinochet (1973-1990) fue el precursor de las medidas educativas que los descontentos pretenden enterrar ahora. Fue el dictador quien eliminó en 1981 la educación universitaria gratuita, impulsada por el derrocado Salvador Allende. A partir de la reforma del militar golpista los alumnos que desean ir a la universidad, pero no disponen de fondos para costear su educación, se ven obligados a pedir créditos. De carácter estatal, si optan por la enseñanza pública, o provenientes de entidades bancarias, si eligen el modelo privado.

Fue en 1990 cuando se instauró  la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Ello supuso reducir por completo las competencias del Estado en materia educativa, delegadas en la iniciativa privada. A partir de ese momento el Gobierno chileno pasaba a ser un mero regulador, sin trascendencia, dentro del ámbito escolar y universitario.

Desde hace casi 30 años la enseñanza privada se ha convertido en un inmenso y lucrativo negocio, al amparo de Pinochet y los sucesivos gobiernos de centro-izquierda, con el derechista Piñera como actual defensor de dicho modelo. De hecho, las escuelas privadas o subvencionadas albergan al 60% del alumnado de primaria y secundaria. Las universidades privadas no se quedan atrás en cuanto al monopolio. A raíz de la ley pinochetista surgieron más de una treintena y hoy sólo el 40% de los centros universitarios es ajeno al control privado.

Lo más preocupante de toda esta situación de desigualdades sociales es que el 70% de los estudiantes chilenos hace uso de los créditos para pagar su formación universitaria. El modelo contra el que luchan hoy los jóvenes en las calles, y que no parece preocupar lo más mínimo a Piñera, deja a miles de universitarios de clase media y baja completamente endeudados cuando terminan de estudiar y comienzan a pagar esos préstamos, al afrontar su primer empleo, como así está establecido.