El dinero negro no se puede auditar

El Partido Popular ha anunciado una auditoría “interna y externa” de sus cuentas tras conocerse el mayor escándalo que afecta al partido de centro-derecha después del llamado ‘caso Naseiro’ por financiación irregular, que quedó sepultado por defectos de forma en la investigación judicial, allá por 1990.

 María Dolores de Cospedal tuvo que rectificar sus palabras. A los dos días de decir que no había nada que investigar sobre el ex tesorero Luis Bárcenas, los sobresueldos en negro y la contabilidad en la sede de Génova, “porque ya se investigó en su momento”, la número dos del partido salió a  anunciar las auditorías.

 ¿De qué vale fiscalizar ahora las cuentas del PP si el dinero negro nunca consta en una contabilidad oficial? Ahora el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende desde Chile aparcar y enfriar el ‘caso Bárcenas’. Es obvio que lo haga. Bastante mal lo pasó ya con las distintas vertientes del caso Gürtel.

 Raro es que en el argumentario interno de Génova, distribuido a sus cuadros para contrarrestar las revelaciones del diario El Mundo sobre los sobres no se haya incluido ya el “ahora no toca”, junto al ya manido “no me consta”.

 Está claro que mientras no salgan a la luz las pruebas que demuestren el cobro de dinero, esos cientos de recibís en poder de Bárcenas, el tiempo juega a favor de Rajoy, Cospedal y el resto de la cúpula del PP.

 Una vez analizado el asunto de los sobres lo que no se puede aparcar, por mucho que quiera la dirección de Génova, es el hecho de que su gerente y tesorero durante casi 30 años tuviera una cuenta en Suiza con 22 millones de euros. Un dinero opaco al fisco español cuyo origen aún no está claro.

 Durante estos días posteriores a conocerse el escándalo de los sobres en negro ha habido declaraciones de dirigentes del PP realmente absurdas. Recuerdo las que hizo el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que quizás se lleva la palma: “El señor Bárcenas no milita en el PP y por tanto lo que haga no tiene nada que ver con este partido”. ¿Cómo se puede tomar por tontos de esa manera a los ciudadanos?

 Otra perla que soltó García Margallo al anunciar Cospedal las auditorías fue la siguiente: “Lo importante es investigar y comenzar a hacerlo, al margen del resultado y las conclusiones”. Está claro que el titular de Exteriores ya se está poniendo la venda antes de la herida, porque se avecina un fiasco.

 Por establecer un paralelismo, ¿alguien se imagina al cerebro de la trama de corrupción municipal de Marbella, Juan Antonio Roca, anotando en la contabilidad A los sobres que pagaba en B a los concejales?

 Si algo de bueno tuvo la investigación policial en el ya juzgado ‘caso Malaya’ fue el hecho de haberle incautado al contable de Roca, Salvador Gardoqui, toda la contabilidad del dinero negro que guadaba celosamente anotada.

 El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, dijo en su día que fue “como una ganga” hacerse con las anotaciones de los famosos Archivos Maras de Roca. En ellos aparecían las entradas y salidas de dinero negro. Los sobornos de empresarios, el cohecho activo, y los sobres a ediles, cohecho pasivo.

 El guardián de los archivos B del PP, si es que los hay, es Bárcenas y está claro que los guarda a buen recaudo. Sorprende que nunca se haya ordenado ningún registro judicial en su domicilio, o en su despacho de Génova desde 2009. También sorprende que una furgoneta de una empresa dedicada a la destrucción de documentos confidenciales saliera de la sede nacional del PP el pasado lunes, durante la celebración del comité nacional. Sin pensar mal se trata de un ejemplo más de pésima política de comunicación.

 Sería bueno preguntarle a Antonio Hernández Mancha por qué destituyó a Bárcenas como gerente durante su efímero mandato al frente del partido. También estaría bien preguntarle al ex diputado del PP Jorge Trías, abogado de profesión, por qué no acude a la Audiencia Nacional a contar lo que sabe de los sobres. Como solo habla con El País quizás ellos se lo puedan preguntar.

 Por último, también sorprende el nulo interés del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en investigar de oficio el asunto de los sobresueldos de Bárcenas, cuando se trata de un escándalo que ha convulsionado los cimientos del sistema democrático con la consiguiente alarma social.