El alcalde de Estepona destituye al imputado en Gürtel Ricardo Galeote

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (izqda), junto al presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, en imagen de archivo.

Lo fichó como asesor de Alcaldía en Enero de 2012

El regidor prescinde también de otros cuatro cargos de confianza

Publicado el 6/09/2013  en eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

El exconcejal del PP imputado en el caso Gürtel, Ricardo Galeote, ha dejado de ser un protegido de su partido a sueldo de las arcas públicas. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, lo ha destituido este viernes en su cargo como asesor de Alcaldía. El cese se suma al de otros cuatro cargos de confianza nombrados directamente por el regidor al comienzo de la presente legislatura 2011-2015.

La destitución de Galeote, que percibía un sueldo anual de más de 47.000 euros, se produce una semana después de la emisión de un reportaje emitido el 28 de agosto pasado en el programa Te vas a enterar, de Cuatro, en el que dicho espacio se hizo eco de las informaciones que eldiario.es viene publicando desde el pasado mes de febrero sobre la polémica contratación del hermano del europarlamentario del PP Gerardo Galeote, asesor personal de Mariano Rajoy en Génova.

El nombre de Ricardo Galeote, imputado por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por recibir supuestos sobornos de la red Gürtel a cambio de adjudicaciones municipales, volvió a sonar hace una semana a raíz del escándalo político suscitado a nivel nacional tras conocerse el nombramiento, como jefe del servicio jurídico de Urbanismo, de Andrés Flores. Se trata de un funcionario imputado por cohecho y blanqueo de capitales por corrupción urbanística municipal en Estepona durante gobiernos del PSOE con exdiles del GIL como socios. Se trata del llamado ‘caso Astapa’.

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¿Dónde está Arenas?

El expresidente del PP-A, Javier Arenas, pensativo en una imagen de archivo

La pregunta con la que titulo este nuevo post es ya recurrente en Twitter. Yo personalmente me la vengo haciendo en voz alta durante las últimas semanas en la red social de microblogging. El paradero del vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, tras las últimas revelaciones de su amigo y extesorero Luis Bárcenas, es toda una incógnita. De hecho, el llamado ‘caso Bárcenas’  ha convertido al veterano político andaluz en invisible.

Días atrás, al conocerse que el juez Ruz citaba a Arenas como testigo en la Audiencia Nacional, se produjo un atisbo de aparición pública. Nada más lejos de la realidad. Se trató de unas declaraciones enlatadas, por teléfono, a la agencia EFE desde su retiro estival. Fue para mostrar su “plena disposición” a colaborar con la Justicia, así como para destacar que la citación entraba “dentro de la normalidad”. Silencio en cuanto a los sobresueldos en negro que le imputa Bárcenas y los fondos opacos de la caja B que sirvieron presuntamente para pagar parte de su IRPF.

Ni siquiera aprovechó para desmentir la información que había publicado eldiario.es con el siguiente titular: Los pagos a Arenas indican que el PP usó dinero B para completar el salario a sus ministros. Lo cierto es que  el senador andaluz tiene suerte hasta para evitar que ningún veraneante tuitee  el lugar donde se oculta  de los periodistas,  o le saque una foto de las llamadas ‘robadas’ en la playa. Sería muy cotizada.

Se sabe que Arenas ha visitado la localidad gaditana de Tarifa durante varios días y también que se ha refugiado en una de sus posesiones de Marbella. Realmente esas propiedades-tiene dos- están en la localidad vecina de Benahavís, aquella donde también reside la alcaldesa marbellí del PP, Ángeles Muñoz, que no paga sus impuestos donde gobierna. En casa del herrero…

Lo último que puede denotar un político es miedo a los periodistas y a sus preguntas. Eso es lo que le está pasando al expresidente del PP andaluz. Ni está ni se le espera. Al contrario que otros senadores como Teófila Martínez, Arenas no acudió el pasado jueves a la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Nadie sabe a qué se debió esa ausencia.

Antes de retirarse a sus cuarteles de verano, como si la tierra se lo hubiese tragado, es cierto que Arenas tuvo una fugaz y silenciosa aparición en uno de esos foros que organiza el diario La Razón. Fue el 21 de julio y se trató de ‘La razón de Cospedal’. Este era el lema de la convocatoria, en la sede del diario del grupo Planeta, donde las preguntas para la secretaria general del PP fueron “más de masaje que comprometidas”, como así las definió Alfonso Ussía, que hizo de maestro de ceremonias.

Con todo este tiempo de silencio, sin periodistas incómodos, Arenas ha conseguido hasta el momento no tener que pasar por el trago de llamar “delincuente” y “chantajista” a su amigo Luis Bárcenas, como así establece el argumentario de Génova. Parece como si la estrategia del dirigente andaluz fuera no hablar en público hasta que no lo haya hecho ante el juez. ¿Estará Arriola también detrás de Arenas?

Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que el eterno aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía se querellaba contra todo lo que se moviera. Algunos en Sevilla ya hacen chistes con lo de los famosos requerimientos notariales que puso de moda Arenas, apodado ‘Querelleitor’, cuando enviaba  fedatarios públicos a los dirigentes del PSOE que le habían agraviado, sobre todo a Luis Pizarro. Era el primer paso antes de ejercer las acciones judiciales de rigor.

Recuerdo cuando Antonio Burgos dijo que si Arenas comiera con todos aquellos a los que  les dice lo de “oye, ya comeremos” los restaurantes estarían llenos. Ahora pasa lo contrario con los notarios, que han debido descargarse de trabajo, ante la ausencia de requerimientos del exministro de Aznar.

Fuentes cercanas a Bárcenas me aseguran que Arenas sigue muy interesado en conocer, a través de abogados, los plazos de prescripción de los delitos que podrían imputársele. Está nervioso y en Génova lo saben. Desde que el extesorero rompió con sus abogados Bajo y Trallero, para tirar de la manta, el político andaluz cayó en desgracia y ya no es es el interlocutor entre el guardián de las finanzas y Rajoy.

Este verano no será igual en Marbella para Arenas y Bárcenas, acostumbrados ambos a frecuentar lujosos restaurantes para compartir confidencias. Tampoco jugarán al pádel. Histórica es la famosa foto tomada allá por 2002 en el club de pádel Nueva Alcántara en la que aparecen algunos personajes salpicados por el ‘caso Gürtel’ a pie de pista: Jesús Sepúlveda, entonces marido de Ana Mato, y Gerardo Galeote. Ambos junto a Javier Arenas. Detrás, en segundo plano, Bárcenas con gafas de sol. Era todavía el gerente del  Partido Popular, pero mandaba mucho.

Rajoy, el «chantaje» y su concepto del Estado de Derecho

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa del 15 de julio de 2013

El argumentario del Gobierno y del PP es claro: Pretenden insistir en la teoría del «chantaje» y la conspiración de su extesorero, Luis Bárcenas. Este lunes Mariano Rajoy decía que se trataba de «un chantaje contra el Estado de Derecho», frente al que dice no haber cedido.

Osea que el presidente del Gobierno, como representante del poder Ejecutivo se erige en Estado de Derecho. Rajoy, imbuido de una especie de halo de monarca absoluto para no dar explicaciones, no es el encargado de impartir justicia en España, afortunadamente. Aunque él mismo vino a decir que la mayor prueba de no haber cedido ante Bárcenas era que estaba en la cárcel.

¿En qué consiste el chantaje de una persona a la que el Partido Popular le ha estado pagando sus abogados hasta hace bien poco?, cabría preguntarle al presidente si no se parapetara de los periodistas, prestándose al juego de una pregunta obsequiosa y cómoda, del diario ABC. El redactor daba por hecho en la interrogación que ha existido tal «chantaje» y que su periódico lo había puesto al descubierto. No parece lo más acertado por parte de Rajoy atribuirle al extesorero del PP dicha conducta, porque el que teme a un chantajista es que ha hecho algo mal, o tiene algo que ocultar.

El propio presidente se contradijo en sus breves e insuficientes explicaciones en la rueda de prensa junto al primer ministro polaco. Primero habló de ese «chantaje al Estado de Derecho» para, a continuación, decir sobre los SMS cruzados con Bárcenas que él no puede estar saliendo «cada día al paso» de las «insinuaciones, rumores o informaciones interesadas».

Toda la prensa internacional haciéndose eco de cómo apoyaba a su extesorero después de descubrirse su fortuna en Suiza y a él lo de los mensajes telefónicos le parece poco menos que un «chascarrillo», palabra que ha sido utilizada por el también dirigente del PP Carlos Floriano, torpe donde los haya en materia de comunicación.

La comparecencia ante los periodistas en Moncloa resultó patética, especialmente por el hecho de haber tenido que leer la respuesta que llevaba preparada ante la previsible pregunta sobre el antiguo guardián de las finanzas de la calle Génova. Ha sido la misma táctica empleada este martes por el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, mano derecha de María Dolores de Cospedal en la región, para decir que «nunca» se reunió con el presidente de la empresa Sacyr, Luis del Rivero, en el marco de la supuesta comisión de 200.000 euros  entregada por el empresario y que Bárcenas atribuye a la adjudicación de una contrata de limpieza y basura en el Ayuntamiento de Toledo.

Acabo de ver un resumen del tratamiento informativo de este escándalo en las televisiones de medio mundo. La imagen no puede ser más lamentable y bochornosa. El peor exponente de esa marca España se resume en dos palabras: Mariano Rajoy. Está muy extendido entre los gobernantes, cuando tienen problemas, echarle la culpa al mensajero, en este caso al diario El Mundo, sobre noticias que a su juicio «dañan la imagen de España». Es algo muy manido y propio de dictadores bananeros. Son las conductas de un gobierno las que pueden dañar la imagen de un país, no los medios de comunicación por contarlo y transmitírselo a los ciudadanos, algo que es su principal deber.

Rajoy invoca a su favor la supuesta «estabilidad» de su Ejecutivo, pero esa estabilidad no se puede supeditar sólo a la mayoría absoluta con que cuenta el PP, como si eso fuera un comodín multiusos. Su deber, ineludible, es acudir al Congreso de los Diputados y ofrecer cuantas explicaciones sean necesarias. Su actitud supone una tomadura de pelo a los ciudadanos.

La moción de censura anunciada por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, si el grupo parlamentario del PP rechaza de nuevo la comparecencia, supone un brindis al sol, dado el rodillo de los populares. No obstante, sería la opción más legítima de la oposición para reivindicar los valores de una institución tan devaluada como es la Cámara Baja.

Mariano Rajoy, un presidente incompatible

Mariano Rajoy junto a Javier Arenas durante un acto reciente  del PP

Silencio. Esa es la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante un escándalo como el llamado ‘caso Bárcenas’,  que traspasa las fronteras españolas y recogido ampliamente por medios tan relevantes e influyentes como el Financial Times , por no hablar de la prensa alemana.

Dejando al margen el asunto de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y centrándonos en los sobresueldos, podríamos decir que tenemos un gobernante incompatible, porque habría vulnerado la Ley de Incompatibilidades que impide a un miembro del Gobierno, sea ministro o presidente, percibir ingreso alguno distinto a sus emolumentos en el Ejecutivo.

Lo más grave es que Rajoy era el guardián que debía velar por el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades aprobada en 1995. Su cargo como ministro de Administraciones Públicas así se lo exigía. De hecho, la citada legislación contempla que el cargo gubernamental que incumpliera la normativa debería ser destituido de forma automática.

Estamos ante un presidente incompatible no sólo con dicha legislación, sino también con respecto a la transparencia, y el respeto a los medios de comunicación. Ahora, cuando El Mundo publica los papeles originales de la contabilidad B del extesorero todo sigue siendo mentira para el PP, con la salvedad de que no anuncian querella o demanda alguna contra el medio de comunicación. ¿Por qué? cabría preguntarle a la secretaria general María Dolores de Cospedal o a su mano derecha, Carlos Floriano. Sí emprendieron acciones judiciales como partido a raíz de las fotocopias que publicó El País.

Están en su derecho los que llaman “mentiroso” a Bárcenas. No obstante, viendo el recorrido de sus versiones (a falta de la nueva ante el juez) es perfectamente verosímil que Mariano Rajoy, junto a  Javier Arenas, éste último perejil de todas las salsas, le convencieran para negar la veracidad de la contabilidad que se le atribuye tras publicarlo el diario del grupo Prisa. El extesorero confió en su partido y se olvidó de tirar de la manta para negarlo todo. Ahora, en la cárcel, al verse en la cuneta, sin haber conseguido apartar del caso Gürtel a las que él llama “fiscalas de Rubalcaba”, la estrategia es el ataque.

Ya en la tarde del 27 de junio, cuando Bárcenas aún no había entrado al furgón de la Guardia Civil que le trasladaría a la prisión de Soto del Real, informé en el programa ‘Te vas a enterar’, de Cuatro, acerca de la estrategia que desde ese momento iba a poner en marcha el guardián de las finanzas de Génova. Fuentes del entorno de Bárcenas me anunciaron lo siguiente, tal y como adelanté en Twitter: “Que se vayan preparando en Génova porque  tiene varias bombas para activar”.

¿Alguien se cree que Bárcenas fue preconstituyendo pruebas falsas durante sus más de veinte años como gerente y luego tesorero? A los que piensen que sí les diría que eso no casa con los elogios y la confianza ciega que le demostraron, a raíz de su imputación en el ‘caso Gürtel’, tanto Rajoy como Arenas.

Una vez que ha quedado claro el criterio de todos los peritos calígrafos, sin distinción, sobre la autenticidad de los papeles del extesorero, tanto fotocopias como originales, nos encontramos con la teoría de la lógica: Son numerosos los dirigentes y cargos del PP, empezando por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que han reconocido la veracidad de los apuntes contables al figurar en ellos como perceptores de dinero. Entonces, ¿qué necesidad tenía Bárcenas de mentir cuando en los años noventa anotaba en su caja B sobresueldos distribuidos a los entonces ministros? Yo creo que ninguna.

La alcaldesa de Marbella se enreda en la Gürtel

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, tras ganar las elecciones municipales de 2007

Quién le iba a decir a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que la red de corrupción Gürtel que salpica a los aledaños del PP se cruzaría en su camino en el ecuador de su segundo mandato (2011-2015).  Todo por una factura de 5.245  euros que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, pagó de su bolsillo, “como regalo”, por los servicios prestados en el mitin-cena que sirvió en noviembre de 2002 para que Aznar presentara a Muñoz como candidata a la Alcaldía.

Cabría preguntarse de qué forma se cobró luego Correa ese “regalo” cuando su empresa Special Events, habitual adjudicataria del PP, le perdonó a la formación conservadora dicha cantidad e hizo constar en el saldo negativo los 5.245 euros del obsequio, según el documento publicado recientemente por El País.

Toda la oposición de Marbella (PSOE, OSP e IU) ha exigido a la regidora explicaciones, así como que haga públicas el resto de facturas por el alquiler del Palacio de Congresos de Marbella. Dicho recinto albergó aquel 26 de noviembre de 2002 una multitudinaria cena a la que asistieron “más de 2.000 personas”, según la cifra aportada por Muñoz, a su vez presidenta local del PP desde 1998.

La alcaldesa ha eludido aclarar si el alquiler de dicho recinto fue pagado por la sede nacional de Génova, o bien por el ínclito Correa. A medida que pasan los días el enredo en  el que se ha metido Ángeles Muñoz es mucho mayor. La munícipe marbellí lo tendría muy fácil para zanjar los  interrogantes. Con enseñar la factura que demuestre que el PP pagó dicho alquiler sería suficiente, pero se niega a hacerlo. Lo cierto es que la alcaldesa preside la sociedad municipal que explota el Palacio de Congresos y en su contabilidad interna tendría que figurar cuánto les costó a los populares alquilar el pabellón para la visita de Aznar.

Raro sería que el entonces alcalde marbellí, Julián Muñoz, hubiera permitido al PP celebrar el sarao preelectoral gratis total. El gesto quedaría aún más feo que el “regalo” de Correa. El argumento de Ángeles Muñoz sobre la contratación de Génova con Special Events radica en que “hace doce años nadie conocía el lado no profesional que tenía la empresa contratada”. Desde ese punto de vista, podríamos decir  que tampoco en 2002 se conocía que una serie de abogados del gerente de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, se dedicaban a blanquear fondos para él, como testaferros, y pasaban por ser unos respetables letrados.

La alcaldesa de Marbella presume de transparencia pero no predica con el ejemplo. De hecho, la prestigiosa organización Transparencia Internacional suspende al Consistorio marbellí en lo que se refiere a la adjudicación de contratos municipales. El equipo de gobierno que preside Muñoz tan sólo logra un 25 sobre un máximo de 100 puntos.

El motivo de ese suspenso tiene su explicación en que el PP no ofrece los nombres completos de las personas jurídicas (sociedades) a las que adjudica contratos. Tan sólo  publica acrónimos de iniciales en la página web del Ayuntamiento de Marbella. Así pues, el ciudadano se encuentra con una barrera infranqueable de iniciales cuando quiere saber a quién le han adjudicado un contrato público. Esto no ocurría ni siquiera con Jesús Gil o Julián Muñoz como alcaldes. Por eso conviene que se sepa lo anterior cuando la alcaldesa invoca la ley de protección de datos para no dar nombres de empresas adjudicatarias.

Pero volviendo al ‘caso Gürtel’ las pesquisas del juez Ruz en la Costa del Sol, para conocer los contratos de la red corrupta con administraciones públicas, se han convertido en otro quebradero de cabeza para el PP. En las fechas del sonado mitin de Aznar en Marbella de 2002 Francisco Correa ya se paseaba a sus anchas por el litoral occidental malagueño. Su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, era jefa de gabinete de la entonces alcaldesa de Estepona Rosa Díaz (PP).

Special Events y Pasadena Viajes, ambas propiedad de Correa, facturaron al municipio de Estepona 123.000 euros por contratos durante el periodo 2000-2003. Por eso el juez Ruz le ha pedido al actual alcalde del PP, José María García Urbano, que le envíe todas las facturas. El regidor tiene actualmente como asesor personal en Alcaldía al imputado en Gürtel Ricardo Galeote, la pieza clave en la investigación de todas las adjudicaciones que logró Correa en la Costa del Sol.

Pero hay más, el secretario general del PP de Marbella, Manuel Cardeña, brazo derecho de Ángeles Muñoz en el partido, autorizó entre 2000 y 2003 una serie de facturas por importe de al menos 35.000 euros  que fueron pagadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a la empresa Pasadena Viajes.

 Después de analizar con profusión de datos todas las adjudicaciones que logró la red Gürtel en la Costa del Sol entre 2000 y 2003 es verosímil que Correa, vistos los antecedentes del sumario, quisiera hacerle al PP un “regalo” de 5.200 euros por organizar el mitin de Aznar en Marbella.

El PSOE pedirá al juez Ruz la declaración como testigo del secretario general del PP de Marbella

El portavoz del PSOE de Marbella, José Bernal, en rueda de prensa el pasado 3 de junio

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 03/06/2013

El portavoz municipal del PSOE de Marbella, José Bernal, ha anunciado este lunes que su formación política, a través del PSPV, personado como acusación en el ‘caso Gürtel’, solicitará al juez Pablo Ruz la declaración testifical del secretario general del PP marbellí, Manuel Cardeña.

La petición, hecha pública durante una rueda de prensa, se produce después de que el magistrado de la Audiencia Nacional haya solicitado a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  Sol Occidental, de la que Cardeña fue secretario del área de Turismo de 1999 a 2003, todas las facturas relacionadas con la empresa Pasadena Viajes, propiedad del considerado cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa.

Hasta el momento los socialistas tienen «constatada» la facturación de, al menos, 35.000 euros «mediante facturas visadas por Manuel Cardeña» entre los años 2000 y 2003, ha reiterado Bernal.

El también diputado andaluz por Málaga ha querido dejar claro que el PSOE «no plantea culpabilidad alguna» del dirigente del PP marbellí, pero consideran «fundamental» su declaración como testigo. Todo ello, según ha acotado Bernal, «de cara a esclarecer la verdad de por qué Pasadena facturaba a una administración pública como la Mancomunidad y quién lo decidió».

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El juez Ruz sigue el rastro de los contratos de la Gürtel en la Costa del Sol

El juez Pablo Ruz entrando a la Audiencia Nacional en una imagen reciente

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 31/05/2013

El juez instructor del ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, ha abierto una nueva línea de investigación al reclamar a dos administraciones públicas en la Costa del Sol, gobernadas por el PP, todas las facturas que tengan en su poder relacionadas con servicios prestados por las empresas Special Events y Pasadena Viajes, ambas propiedad del presunto cabecilla de la red, Francisco Correa.

En el auto notificado este jueves a las partes dicho magistrado, tras recibir sendos informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, ha solicitado las facturas y demás justificantes de pago tanto al Ayuntamiento de Estepona como a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con sede en Marbella. Ambas entidades están gobernadas por el Partido Popular con mayoría absoluta.

Según han confirmado a eldiario.es fuentes jurídicas las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional giran en torno a la gestión del exedil del PP de Estepona Ricardo Galeote, imputado en la causa por cohecho, al igual que su padre el exedil de Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, padre del exeurodiputado Gerardo Galeote.

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La alcaldesa de Marbella elude aclarar si Correa pagó también el alquiler de un mitin de Aznar

José María Aznar y la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el mitin de 2003 donde ella fue presentada como candidata, sufragado en parte por Correa como «regalo»

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 29/05/2013

Por el momento no hay ninguna factura que demuestre que el PP pagó de sus arcas el alquiler del Palacio de Congresos de Marbella, recinto municipal, en el que se celebró el mitin-cena que tuvo como protagonista, el 26 de noviembre de 2002, al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

Este miércoles, la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, ha eludido aclarar si fue el considerado líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, o sus empresas quienes sufragaron dicho alquiler.

Durante un desayuno con periodistas para hacer balance del ecuador de su segundo mandato (desde junio de 2007), la primera edil marbellí se ha limitado a precisar únicamente los gastos que de aquel acto abonó el PP local que ella preside.

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Roca busca el cohecho impropio de Camps

Juan Antonio Roca declarando recientemente en el juicio del 'caso Malaya'

Quién nos iba a decir hace un año a los que hemos asistido a más de cien sesiones del juicio por el ‘caso Malaya’, la mayor trama de corrupción municipal que se ha conocido jamás en España, que el principal acusado, Juan Antonio Roca, iba a terminar reconociendo que recibió y entregó sobornos. Hemos pasado del “no sé nada de esas empresas, porque no son mías”, a reconocer expresamente la contabilidad de la sociedad clave que canalizaba las finanzas y el patrimonio del exasesor urbanístico de Marbella, Maras Asesores S.L.

Lo primero que habrán pensado muchos, al leer o escuchar a Roca, es que ha alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Nada más lejos de la realidad. Fuentes judiciales sostienen que no hay ningún acuerdo de conformidad porque lo que busca el reo es “difuminar” el delito de cohecho, para reducirlo al cohecho impropio. Esta modalidad delictiva, la misma por la que se acusa al expresidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, por los famosos trajes, no acarrea pena de cárcel. Tan sólo multa.

El considerado cerebro de la trama marbellí insiste en que los pagos que recibió de empresarios-compañeros de banquillo- lo fueron por “asesoramientos privados”, pero no para favorecerles en acuerdos con el Ayuntamiento de Marbella. ¿Habrá alguien en su sano juicio que se crea esa patraña?. Esperemos que el tribunal no, cuando tenga que dictar sentencia. En cuanto a los pagos a concejales, sobornos hablando claro,  Roca sostiene que les remuneraba para ganarse su lealtad y así “evitar el transfuguismo”. ¡Pero si la práctica totalidad de los que firmaron la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz ya eran tránsfugas!

Se ha cuidado muy mucho de no reconocer que detrás de dichos pagos hubiera alguna contraprestación en forma de resolución ilegal a cambio. Tal es el caso de licencias de obras, o el voto de los concejales en las sesiones plenarias y comisiones de gobierno, tras recibir las ‘mordidas’ o coimas. Sitúa todo en el marco de un cohecho impropio, difícil de creer.

En el caso de Camps el exgobernante del PP está acusado de cohecho impropio y se enfrenta sólo a multa. Todo porque la instrucción del sumario valenciano vinculado a la red Gürtel no pudo determinar que, tras recibir los trajes y otros complementos, beneficiara con actuaciones ilegales a la trama de Correa y ‘El Bigotes’. El artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio), que se imputa al político valenciano, castiga a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función, o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

A diferencia del “cohecho propio”, previsto en los artículos 419 a 422 -en los que el sobornado realiza actos ilegales de una mayor o menor gravedad-, el funcionario no comete acto injusto de ninguna clase, sino que se limita a aceptar regalos sin contraprestación alguna

Hace unos días me preguntaban qué conseguía Roca con esta estrategia de reconocer los pagos. Hay que entender este largo juicio como un combate de boxeo por asaltos. En casa sesión el que fuera brazo derecho del fallecido Jesús Gil busca arañar descuentos de penas de prisión. No en vano se enfrenta a 30 años de reclusión.

Desde la Fiscalía Anticorrupción dejan claro que cualquier pacto con Roca se haría público y nunca se ocultaría. Para empezar tendría que declararse culpable expresamente, como han hecho otros acusados, y hasta ahora no ha sido así. La principal dificultad de la negociación radica en que el  padrino de los concejales que pactaron contra Julián Muñoz no quiere desprenderse de la práctica totalidad de su patrimonio, como le reclama el Ministerio Público a la hora de alcanzar un acuerdo de conformidad.

Una vez que Roca ha reconocido que entregó sobres con dinero a la ex alcaldesa Marisol Yagüe y a la tránsfuga del PSOE Isabel García Marcos, toda la expectación está centrada en qué dirá sobre Julián Muñoz. Es posible que en las próximas sesiones, a partir del lunes 14 de noviembre, el fiscal le pregunte si las iniciales J.M. se corresponden con el nombre del exalcalde.

En los famosos papeles de Maras Asesores aparecieron 162.000 euros en tres pagos a J.M. El acusador público, Juan Carlos López Caballero, tiene claro que se corresponden con un convenio urbanístico firmado por Muñoz en 2002. Dado que Roca ha confesado que ejerció como prestamista de los exediles puede que relacione dicha cantidad con un préstamo, como cuando le pagó una operación de cirugía estética a la exalcaldesa. De momento a Muñoz se le puede ver muy tranquilo y relajado en el banquillo. Su abogado, Javier Saavedra, me aseguró el pasado miércoles en Las Mañanas de Cuatro que el exasesor urbanístico no incriminará a su cliente.

Habrá que estar atentos. Se podría decir, parafraseando al delincuente prófugo  Carlos Fernández, exconcejal andalucista acusado en ‘Malaya’, que Roca y Muñoz están unidos con hilo de pescar en juicios venideros y se necesitan mutuamente.

Luis Bárcenas, un paréntesis dentro del caso Gürtel

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas en una imagen de archivo

Con el sobreseimiento provisional, que no libre, en relación con los delitos de  fraude fiscal  blanqueo de capitales y posible cohecho que pesaban sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se abre un paréntesis en el ‘caso Gürtel’, por no decir un interrogante. A falta de lo que puedan decidir los tribunales en última instancia, ante los recursos anunciados por la Fiscalía Anticorrupción para evitar el archivo,  muchos se preguntarán si se podrá demostrar una supuesta financiación irregular del Partido Popular, una vez que el antiguo garante de sus dineros queda exonerado.

 A lo largo de la tarde del jueves algunos miembros de la dirección nacional del PP, citados como fuentes por las agencias, expresaron  su “satisfacción” por el archivo de la causa contra Bárcenas y auguraron que al desinflarse todo lo que había contra el exsenador el macrosumario por presunta corrupción política quedará en nada, porque en su imputación “estaba el 90% del caso”. Quizás los dirigentes populares hoy tan optimistas creen, en su fuero interno, que si el extesorero queda fuera de la causa el siguiente paso sería que también quedara en nada la trama de presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Valencia, aún  investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, así como otra derivación en el TSJ de Madrid. Eso es ir demasiado lejos, porque además la instancia valenciana aún tiene que decidir sobre la posible implicación de Bárcenas. Habrá que esperar también a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) sobre el exsenador y su presunta implicación en el cobro de comisiones, a raíz de la construcción de la variante de Olleros de Alba (León).

 Para el juez Pedreira el fraude fiscal atribuido a Bárcenas, entre 2002 y 2003, ha prescrito. En cuanto al cohecho, el acrónimo L.B. no tiene por qué corresponder a Luis Bárcenas, ni tampoco la expresión ‘Luis el cabrón’, utilizada por el jefe de la trama  Gürtel, Francisco Correa en sus anotaciones de la llamada Caja B. Lo sorprendente es que el magistrado pasa por alto la anotación “L. Bárcenas” hallada en un registro de las oficinas de empresas vinculadas a la trama. Ni siquiera se pronuncia al respecto en su auto de 37 folios. El patrimonio de Bárcenas y su esposa hizo correr ríos de tinta, también aquellos 330.000 euros en metálico con la coletilla de “billetes de 500 euros”, que iban destinados a unos cuadros, bodegones concretamente. Finalmente no pudieron ser comprados por el alto cargo del PP tras pedir un crédito al banco.

No cabe duda de que si el extesorero del PP no está ya dentro del sumario del TSJ de Madrid el caso queda muy desinflado, al no haber un peso pesado de la sede de la calle Génova cuya figura pudiera ser usada por el PSOE, de cara a la próxima campaña electoral del 20-N, como arma arrojadiza de Rubalcaba contra Rajoy. El exministro de Defensa Federico Trillo se ha despachado agusto, como cabeza pensante de toda la estrategia jurídica del PP. Le ha faltado tiempo para denunciar que Gürtel ha sido un “montaje de los socialistas” contra su partido. También la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha utilizado lo del “montaje”, al asegurar que los socialistas “han querido montar una Filesa contra el Partido Popular”, en alusión a la empresa que sirvió para la financiación irregular del PSOE en los años noventa. La presidenta de Castilla-La Mancha insiste en que no ha habido financiación ilegal del PP, pero tendrá que esperar a ver  si se demuestra que una serie de empresas adjudicatarias de obras sufragaron actos políticos y mítines del partido, ingresando dinero en las cuentas de Orange Market, la empresa gestionada por Alvaro Pérez, ‘El bigotes’, como sostiene la última denuncia de Anticorrupción presentada en agosto pasado.

 En España para la opinión pública estar imputado es ya estar condenado y sentenciado. Que se lo pregunten a Bárcenas, forzado a dimitir ante la presión mediática. Por eso es bueno regular la figura del imputado en este país, como se pretende, para evitar al máximo los juicios paralelos que dictan sentencia en la calle con presunción de culpabilidad, en lugar de presunción de inocencia. Esa es la gran anomalía existente.

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