La utopía de mercadillo de Sánchez Gordillo

Juan Manuel Sánchez Gordillo en una imagen reciente./ Reuters

Un verano más el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, vuelve a dar la nota, aprovechando que agosto suele ser un mes de sequía informativa. En esta ocasión ha dado un salto cualitativo como profesional de la parodia y el marketing subversivo de la “no violencia activa”. Así llama el diputado andaluz de IU-CA al supuesto delito de robo con violencia (los jueces lo calificarán) que supuso el asalto de un supermercado de la cadena Mercadona en la localidad sevillana de Écija.

Ataviado con su sempiterno pañuelo palestino al cuello, en versión veraniega, y su megáfono en mano, arengó a los suyos al pillaje pero se guardó muy mucho de cruzar la puerta del establecimiento alimenticio. Las imágenes hablan por sí solas. Por mucho que Sánchez Gordillo lo niegue hubo empujones y empellones a una cajera de Mercadona. También se llevó lo suyo un empleado de la sección de pescadería que con sus botas catiuscas se interpuso en el camino de estos bandoleros del siglo XXI. La fotografía se pudo ver en Twitter, ese gran invento para contar en tiempo real lo que ocurre en cualquier rincón del planeta.

Lo peor de esta utopía de mercadillo en la que vive instalado cómodamente Sánchez Gordillo desde 1979, con sus pulseras, camisas desabotanadas y barba desaliñada, es la imagen de España que ha contribuido a dar al exterior con su última acción. Ha sido tal la difusión y la distorsión de la noticia que no pocos han pensado que en nuestro país el hambre ha provocado el saqueo generalizado de supermercados.

Pronto llegaron hasta Marinaleda reporteros extranjeros de diarios y televisiones, chinos incluso, para entrevistar a este histriónico personaje como si se tratara de un descubrimiento de Washington Irving en sus rutas de viajero romántico por Andalucía. Sólo han faltado los redactores de la revista National Geographic, en plan explorador, para contarle al mundo quién es Sánchez Gordillo. Ya en 2009 el diario The New York Times mandó a una enviada especial a Marinaleda: “El pueblo sin desempleo ni hipotecas”, como destacó en su reportaje el diario norteamericano.

A la prensa internacional-algunos medios definen al dirigente comunista como ‘The Spanish Robin Hood’– no le ha interesado profundizar en la gran farsa sobre la que se sostiene ese laboratorio del comunismo andaluz, que se mira en el espejo cubano y venezolano. Nada hubiera sido posible sin las subvenciones públicas que Marinaleda  ha recibido desde la Junta de Andalucía. Las viviendas por 15 euros al mes, con el suelo y los materiales gratis tampoco existirían.

El maná de dinero público cayó por la campiña sevillana  tras la cesión de una finca del duque del Infantado al pueblo en 1992. Previamente la parcela había sido expropiada. Sobre dicho latifundio de 1.200 hectáreas gira toda la economía local, en torno a una cooperativa agrícola  cuyo modelo sería díficilmente exportable fuera del municipio, que cuenta con menos de 3.000 habitantes. A todo ello se unen también los fondos del PER (Plan de Empleo Rural). Se trata pues de una localidad sumida por antonomasia en la cultura endogámica del subsidio.

Quien no conozca a fondo el mesianismo que caracteriza al  díscolo parlamentario de la federación de izquierdas sólo  tiene que darse una vuelta por Youtube. Allí podrá ver alguna de las pintorescas intervenciones que ha protagonizado en la estatal Venezolana de Televisión (Canal 8), principal órgano de propaganda del Gobierno que preside Hugo Chávez.

«Aquí me siento casi mejor que en casa», le dijo Sánchez Gordillo en una de sus  visitas al plató del 8 a Mario Silva, presentador del programa La Hojilla, que noche tras noche se dedica a fustigar a todo aquel que no comulgue con el credo bolivariano del comandante Chávez.

El diputado andaluz de Izquierda Unida llevó a cabo recientemente una gira de casi tres semanas por el país sudamericano, invitado por una emisora de radio estatal. Cruzó el Atlántico en clase business. Sus defensores le restaron importancia al hecho «al tratarse de un viaje muy largo, transoceánico», adujeron. Lo cierto es que Sánchez Gordillo bien podría haberles dicho a sus anfitriones que le sacaran billete de turista y donaran la diferencia de precio a algún banco de alimentos en Andalucía, o a la propia Cáritas.

Qué decir de los coqueteos del alcalde de Marinaleda con la izquierda abertzale. Nunca ha ocultado su apoyo a Batasuna, la organización política al servicio de la banda terrorista ETA. De hecho, hay constancia gráfica de ello. Raro ha sido no verle a las puertas del hospital Donostia, en San Sebastián, para mostrar su apoyo al etarra Bolinaga, el carcelero de Oterga Lara durante 532 días.

Sánchez Gordillo está ahora en otras batallas, como su última acción de “ocupar” dos entidades bancarias (Unicaja y Santander) además de El Corte Inglés de Jaén, durante su marcha por Andalucía.  Ahora se le ha unido otro oportunista mediático, el actor Willy Toledo, perejil de todas las salsas contra “el neoliberalismo y el capitalismo que nos oprimen”. Ya pueden aprovechar ambos bien el foco, porque con el arranque de la Liga BBVA de fútbol al jornalero profesional de la pancarta se le agota el protagonismo para cederle el paso al balompié capitalista. Sólo falta que los del sindicato SAT ocupen una sucursal de la firma vasca. Mejor no darles ideas.

Resulta triste, por no decir patético, ver cómo la mayoría de dirigentes de IU-CA, empezando por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, le ríen las gracias al regidor de Marinaleda. Han tratado, sin éxito, de restar importancia a sus últimas actuaciones. Mientras tanto, el PSOE hace oídos sordos a una posible reprobación en el Parlamento andaluz contra el diputado izquierdista. Laisser fe, laisser passé (dejar hacer, dejar pasar).

Menos mal que aún queda algo de sensatez en dicha coalición de izquierdas. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, reconocido jurista, ha calificado de “asalto” lo que para otros compañeros suyos fue un acto “simbólico”. Además, dicho edil reclama “gestos” contra Sánchez Gordillo, en clave de alguna sanción disciplinaria interna. Puede esperar sentado y armado de paciencia.

Leopoldo López y sus rivales dentro de la oposición a Chávez

 

 

 

 

 

Desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rehabilitara políticamente al opositor venezolano Leopoldo López, inhabilitado por la Contraloría (Tribunal de Cuentas), se ha generado en España una corriente de opinión en los medios de comunicación tendente a situar al exalcalde del municipio Chacao como el más firme aspirante a enfrentarse a Hugo Chávez en las presidenciales del 7 de octubre de 2012. No se puede ocultar que este joven político de 40 años de edad, economista de profesión, genera ilusión dentro y fuera de Venezuela para liderar el cambio y la alternancia política, conceptos ambos tan necesarios en una sociedad que soporta ya más de una década de régimen chavista.

El denominador común para medirse en las urnas al teniente coronel golpista parece ser la juventud. No en vano, además de López, los otros otros tres jóvenes aspirantes con mayores posibilidades de vencer en las elecciones primarias del 12 de febrero de 2012, según las encuestas, son: Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda; Pablo Pérez, gobernador del Zulia, y María Corina Machado, la diputada que forjara su carrera política desde la plataforma Súmate y que sería la precandidata de mayor edad de los cuatro mencionados, con tan sólo 44 años.

Leopoldo López, lejos de caer en el derrotismo, cuando fue inhabilitado en 2008 para poder optar a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, miró hacia adelante y se puso a recorrer todo el país. Creó el movimiento Voluntad Popular y se pateó la nación cuatro veces en tres años, tal y como destacan sus partidarios. Su partido es una fuerza política heterodoxa e interclasista, con una clara impronta socialdemócrata, muy alejada de la caduca Acción Democrática (AD). López, personaje dotado de gran carisma, ha sabido aglutinar en torno a su figura a los sectores más populares, así como a las poderosas organizaciones estudiantiles. Éstas se han convertido en la punta de lanza del descontento social en Venezuela, utilizando las universidades como catalizadores de las protestas ante las carencias democráticas, la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Cuanto más desprecio demuestra Chávez a la hora de acatar el fallo de la CIDH que legitima a López: «Mi corte de pelo importa más que esa Corte», dijo el presidente, mayor es la sensación de miedo que proyecta el caudillo bolivariano a enfrentarse en las urnas al exalcalde de Chacao, el distrito financiero por antonomasia en Caracas. Se trata de uno de los símbolos de la pujanza económica que proyectó Venezuela en otros tiempos, aunque el país aún siga siendo el quinto productor mundial de petróleo, venido a menos.

Hasta que se produjo la rehabilitación de López, semanas atrás, el gran favorito en las encuestas era Capriles Radonski, también de 40 años de edad.  Prestigiosos analistas como M.Teresa Romero, periodista y politóloga apuntan a una polarización de la oposición en dos bloques: Por un lado, el de Capriles Radonski y por otro el de Pablo Pérez. El primero está respaldado por partidos exchavistas y de tendencia socialcristiana; el segundo por organizaciones de corte socialdemócrata como la que representa Leopoldo López.

De hecho, cobra fuerza la tesis de que si el Tribunal Supremo de Venezuela decide no acatar la sentencia de la CIDH, algo factible, López se integraría en la candidatura de Pablo Pérez como futuro aspirante a la vicepresidencia de la República, en caso de una hipotética victoria del gobernador del Zulia frente a Chávez en octubre de 2012.  La jornada electoral del 12 de febrero representa algo inédito en la larga trayectoria democrática de Venezuela. Todos los ciudadanos con derecho a voto podrán elegir al candidato opositor que se enfrente a Hugo Chávez. Así pues, no serán sólo los militantes de los partidos que conforman la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) los únicos legitimados para decidir, al contrario de lo que ocurre en otros países. Sin duda, el paso de gigante alcanzado por la oposición es digno de elogio, si se tienen en cuenta todas las disputas y guerras internas que han protagonizado y en las que Chávez se ha movido como pez en el agua.

También es algo novedoso que tras las elecciones primarias del 12 de febrero sólo vaya a quedar una persona que se mida al actual presidente, acostumbrado al divide y vencerás. El deseo de regeneración en las filas de la oposición llega a tal extremo que el precandidato que gane los comicios  frente a sus rivales opositores no optará a un nuevo mandato en caso de derrotar al actual jefe de Estado en octubre de 2012. Al margen de quién sea el sustituto de Chávez lo importante será crear un gobierno para todos los venezolanos, amplio, sin divisiones y firme, sin enfrentamientos. Todo lo anterior es una aspiración que se palpa cada vez que visito Venezuela.

‘Caso Ellacuría’:La impunidad continúa para los asesinos del jesuita español

El jesuita Ignacio Ellacuría en 1989, meses antes de ser asesinado.

La decisión adoptada el pasado 26 de agosto por la Corte Suprema de El Salvador,  al dejar en libertad a nueve militares de dicho país, imputados por el asesinato del padre Ellacuría y otros cinco jesuitas, es una muestra de cómo la impunidad continúa para los verdugos en el país centroamericano, veintidós años después del horrendo crimen. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco parecía haber cumplido su objetivo sus homólogos salvadoreños alegan que con la orden de busca y captura, dictada por el magistrado español, no es suficiente para la detención y extradición a España.

 El as en la manga esgrimido por la Corte de San Salvador parece una estratagema de última hora para pasar página de un suceso que aún hoy conmociona a la sociedad salvadoreña. No hay más que ver la repercusión mediática que ha tenido toda la actuación del juez Velasco en el país gobernado por Mauricio Funes. En España ya se han alzado las voces de jueces como José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas.

Pallín no se ha mordido la lengua. Ha dicho que sus colegas salvadoreños han adoptado una resolución «tramposa y procesalmente dilatoria», al liberar a los militares imputados. En el marco de lo que parece una treta, diseñada ad hoc para las defensas, la Corte Suprema ha incumplido el tratado de cooperación y extradición, firmado entre El Salvador y España en 1997. La justicia española ha tenido que recorrer un largo camino, 22 años después del crimen, para que ahora unos jueces salvadoreños echen por tierra la magnífica labor desarrollada por el juez Velasco desde la Audiencia Nacional. No es el único sumario que instruye relacionado con Latinoamérica. También investiga las conexiones entre ETA y las FARC con vínculos en Venezuela.

La polémica  resolución judicial se ampara en que la llamada orden de «difusión roja», enviada por Interpol para localización y detención de los nueve militares, sólo es válida exclusivamente para dar con su paradero, no para el arresto. La farsa en que se ha convertido la justicia salvadoreña en el ‘caso Ellacuría’ va aún más lejos: Los magistrados sostienen que sólo arrestarán a los ahora liberados cuando España envíe una petición expresa de captura con fines de extradición.

Además de Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, rector y vicerrector respectivamente de la UCA, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española,  así como Joaquín López , salvadoreño al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija. Ambas se habían refugiado en el campus universitarios huyendo de la sangrienta guerra civil que asolaba el país.

En El Salvador, desde sectores próximos al Ejército y partidos de derechas, ya han surgido las opiniones contrarias a la aplicación de la justicia universal desde España, en el caso de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso un juez español no está legitimado para esclarecer el asesinato de un compatriota, sobre todo cuando los jueces salvadoreños miran para otro lado?

También cabría preguntarse dónde está la ministra de Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, que no ha dicho esta boca es mía en el ‘caso Ellacuría’, aunque sólo sea para reclamar a las autoridades salvadoreñas mayor colaboración en la extradición de los militares. De Zapatero mejor no hablar, porque ni está ni se le espera.

El kirchnerismo arrolla y cala en todas las clases sociales.

Cristina Kirchner junto al ministro de Economía, Amado Boudou, el pasado domingo.

 Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el pasado domingo en las urnas un apoyo arrollador, con más del 50% de los votos, y logró calar en electores de todas las clases sociales. Se trata de un duro varapalo para los rivales opositores de la presidenta de Argentina. Como ejemplo, Ricardo Alfonsín (Unión Cívica Radical), el segundo clasificado en las elecciones primarias celebradas, apenas cosechó el 12% de los sufragios.

Por detrás, en el marco de la preocupante fragmentación que experimenta la oposición a la presidenta, se situaron el peronista conservador Eduardo Duhalde, con el 12,16% de sufragios, y Hermes Binner, del Partido Socialista, que logró un 10,26%

En resumen, sumando el porcentaje del segundo y el tercer clasificado en las primarias, Alfonsín y Duhale, se llega al 50% del total que obtuvo la candidata oficialista. Para los analistas políticos revertir esos resultados es una tarea más que imposible para la oposición, de cara a la primera vuelta de las presidenciales, previstas para el 23 de octubre próximo.

Los comicios del pasado domingo fueron una antesala de la cita con las urnas de octubre. Se habían planteado claramente como un plebiscito hacia la figura de la presidenta y todo lo que el kirchnerismo representa en el seno del Partido Justicialista.

La oposición argentina debe hacer autocrítica, porque sus paupérrimos resultados en estas primarias pronostican un hecho insólito en el país latinoamericano: La más que segura victoria de la viuda de Néstor Kirchner en octubre le daría al peronismo, por primera vez en la historia, un tercer mandato consecutivo.

El diario Clarín, poco sospechoso de ser cercano a Kirchner y blanco de furibundas campañas de desprestigio desde el Gobierno, tituló así a toda página: “El voto a Cristina cruzó todas las clases sociales”.

De hecho, obtuvo cifras récord en la provincia de Buenos Aires, arrasó en los barrios pobres y triunfó en zonas exclusivas de clase alta, así como en las grandes ciudades, con la excepción de Rosario. También para la historia queda el haber perdido sólo en una de las 24 provincias.

Entre los factores decisivos para la victoria de la actual gobernante destacan un fuerte incremento del  consumo, la mejora del salario medio y la asignación universal por hijo. A lo anterior se suma el discurso kirchnerista marcado por  la inclusión y los derechos humanos, además de la mejora y ampliación de las jubilaciones; el crecimiento de la economía y la producción, así como la apelación a la participación de los jóvenes.

Para la otra mitad del país que no votó por la presidenta, y repartió su apoyo entre la amalgama de candidatos opositores, hubo otros factores a tener en cuenta, como son la alta inflación, la inseguridad, la corrupción que salpica incluso a organismos de derechos humanos, así como la persecución a sectores productivos como el del campo.

Desde las páginas del diario La Nación, de tendencia conservadora y también blanco de la persecución de los Kirchner,  el columnista Joaquín Morales Solá habla de “otro kirchnerismo”, alejado del buen talante que mostró Cristina tras su arrolladora victoria.

Ese ala dura del Partido Justicialista, recalca Morales Solá, “tiene una misión fundacional en la historia nacional, que esa épica sólo admite amigos o enemigos y que éstos merecen la muerte civil. La vertiente fanática del kirchnerismo ocupa no pocos lugares decisivos en la administración”, sostiene el analista.

Si prevalece el ala más radical del proyecto político que personifica la mandataria argentina a la otra mitad del país que no votó por ella el pasado domingo  le espera una dura etapa de más intolerancia, sectarismo, persecuciones judiciales y nuevas campañas de descrédito contra prestigiosos medios de comunicación como  Clarín y La Nación.