El urbanismo de Marbella sigue bajo sospecha con Federico Guardabrazo

El jefe de Planeamiento Urbanístico de Marbella  Federico Guardabrazo.

Cuando el juicio por el llamado ‘caso Malaya’ , la mayor trama de corrupción municipal y urbanística que ha habido en España, encara su recta final, tras casi dos años de vista oral, el urbanismo del Ayuntamiento de Marbella sigue bajo sospecha. Resulta que la persona que está al frente del área de Planeamiento Urbanístico, encargado de la gestión y aplicación del PGOU es Federico Guardabrazo. Se trata de un funcionario que en 2007 tomó posesión de su cargo estando procesado por delitos de estafa y receptación, en el marco de un fraude inmobiliario.

Han pasado cinco años y este sujeto se sentará en el banquillo de los acusados en noviembre próximo. Nada ha cambiado. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), le mantiene en su cargo con un sorprendente argumento: “Como los hechos de los que se le acusa se cometieron en el ámbito privado no afectan al Consistorio y tengo plena confianza en él”.

Cierto es que el fraude por el que será juzgado Guardabrazo, para quien el fiscal solicita dos años de prisión por un delito de receptación, se cometió en 2002 durante un periodo de excedencia del que disfrutó en el Ayuntamiento de Marbella. Pero en círculos judiciales de Málaga causa sorpresa, e incredulidad, que la regidora marbellí haya hecho ese distingo entre lo público y lo privado, al situar a un presunto delincuente al frente de un área municipal tan sensible como es el urbanismo.

Cabe recordar que el ex gerente del área de Urbanismo de Marbella y principal acusado en el ‘caso Malaya, Juan Antonio Roca, hizo el siguiente comentario en un corrillo de abogados durante una de sus muchas visitas a los tribunales, previas al inicio del ‘caso Malaya’: “Hay que ver, resulta que el que me sustituye está imputado en una estafa y le piden dos años de prisión. Yo al menos cuando llegué estaba inmaculado”. Así se refirió el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal a Guardabrazo.

Contra viento y marea Ángeles Muñoz no sólo ha mantenido a Federico Guardabrazo en su puesto, sino que también ha contratado como directora general, dentro de Urbanismo, a la hija del procesado, Isabel Guardabrazo, con un sueldo de 90.000 euros. Ambos tienen una participación decisiva en el día a día de la gestión del PGOU. Por encima de ellos está un cargo político, el concejal delegado del ramo Pablo Moro. Para él tampoco supone ningún problema tener a un imputado en una estafa inmobiliaria al frente de un área tan relevante.

De hecho, Moro, al igual que la alcaldesa, ha mostrado siempre su “confianza plena” en Guardabrazo cada vez que se le ha preguntado sobre su imputación en graves delitos. En octubre de 2009 fuentes del equipo de gobierno del PP ‘filtraron’ la noticia de que la alcaldesa había destituido a Guardabrazo en su puesto, tras conocerse que era investigado en otro caso de corrupción, concretamente en ‘Astapa’, relacionado con Estepona.

Al contrario de lo que intentó hacer creer el PP el conocido funcionario, topógrafo de profesión, se ha mantenido en su despacho municipal y sigue reuniéndose con constructores y promotores. A Guardabrazo  la regidora le trata tan bien que a los dos meses de llegar Ángeles Muñoz a la Alcaldía, en agosto de 2007, la junta local de gobierno que ella preside le concedió una compatibilidad profesional.

Le permitieron que por las tardes pudiera tener abierta al público una consultoría urbanística privada en Marbella. Por allí desfilaban constructores y promotores para hablar de sus proyectos. Recuerdo que cuando informé de aquella compatibilidad el funcionario retiró la placa con el nombre de la consultoría, que estaba atornillada en la pared del portal de su domicilio. Hasta que no dieron otra capa de pintura aún se podían apreciar las marcas durante un tiempo en la fachada del céntrico inmueble.

Tal y como desvelé en el diario EL MUNDO, el 26 de noviembre de 2007, Guardabrazo y su cuñado Juan Mena Lirio,  adquirieron en 2002 tres fincas de Marbella propiedad de un ciudadano árabe “a sabiendas de su ilícita procedencia”. Así lo afirmó en sus autos la ex titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Málaga, Carmen Soriano Parrado, algo que mantiene el fiscal en su escrito de acusación.

No parece lo más acertado, desde el punto de vista ético, que con todos los escándalos acaecidos en Marbella- un ayuntamiento que tuvo que ser disuelto por el Estado debido a la corrupción- la alcaldesa ponga “al zorro a cuidar las gallinas”, como dijo en su día el entonces concejal del PSOE Antonio Martín.