Roca condenado a 11 años de prisión y 240 millones de multa por el ‘caso Malaya’

Juan Antonio Roca en el banquillo de los acusados durante un juicio

Publicado el 4/10/2013

eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

El principal acusado del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación. También se le condena al pago de una multa de 240 millones de euros. La del exasesor de Urbanismo es la mayor condena de este caso destapado en 2006 y que investigaba la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, y cuya sentencia ha comenzado a leerse este viernes a las 11.20 horas. Y es, en todo caso, una pena muy inferior a la que pedía el fiscal: 30 años de cárcel.

Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios y abogados estaban acusados en relación con la trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un consistorio, el de Marbella. Se calcula que la trama saqueó las arcas municipales por una cantidad superior a los 400 millones de euros. Ha sido el mayor caso de corrupción investigado en España, con un centenar de procesados y 199 sesiones.

La excaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha sido condenada a seis años y nueve meses de cárcel, y a una multa de más de dos millones de euros, por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude.

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Declaran como testigos los jefes del bufete de cabecera de Cerezo por el ático de González

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, durante una celebración

Suárez de la Dehesa reconoce haber tramitado el NIE para el testaferro Rudy Valner en Coast Investors, empresa que vendió al presidente de la Comunidad de Madrid

También se encargaron de los trámites ante el Registro de la Propiedad

La fiscal del juicio a Isabel Pantoja, María del Mar López-Herrero, se hace cargo del caso

Publicado el 15/09/2013 en eldiario.es

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

La jueza que investiga la operación de compra venta del ático que posee en Estepona el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, continúa indagando sobre las relaciones profesionales entre el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el ciudadano mexicano Rudy Valner, testaferro profesional y responsable de la empresa radicada en Delaware (EE.UU.) Coast Investors, vendedora del inmueble al político del PP a finales de diciembre de 2012, tras habérselo alquilado previamente desde 2008. Este viernes prestaron declaración, en calidad de testigos, los hermanos José Antonio y Fernando Suárez Lozano, responsables del bufete madrileño Suárez de la Dehesa. Dicha firma tiene a Cerezo como uno de sus principales clientes, en relación con empresas del ámbito audiovisual.

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Mariano Rajoy, un presidente incompatible

Mariano Rajoy junto a Javier Arenas durante un acto reciente  del PP

Silencio. Esa es la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante un escándalo como el llamado ‘caso Bárcenas’,  que traspasa las fronteras españolas y recogido ampliamente por medios tan relevantes e influyentes como el Financial Times , por no hablar de la prensa alemana.

Dejando al margen el asunto de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y centrándonos en los sobresueldos, podríamos decir que tenemos un gobernante incompatible, porque habría vulnerado la Ley de Incompatibilidades que impide a un miembro del Gobierno, sea ministro o presidente, percibir ingreso alguno distinto a sus emolumentos en el Ejecutivo.

Lo más grave es que Rajoy era el guardián que debía velar por el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades aprobada en 1995. Su cargo como ministro de Administraciones Públicas así se lo exigía. De hecho, la citada legislación contempla que el cargo gubernamental que incumpliera la normativa debería ser destituido de forma automática.

Estamos ante un presidente incompatible no sólo con dicha legislación, sino también con respecto a la transparencia, y el respeto a los medios de comunicación. Ahora, cuando El Mundo publica los papeles originales de la contabilidad B del extesorero todo sigue siendo mentira para el PP, con la salvedad de que no anuncian querella o demanda alguna contra el medio de comunicación. ¿Por qué? cabría preguntarle a la secretaria general María Dolores de Cospedal o a su mano derecha, Carlos Floriano. Sí emprendieron acciones judiciales como partido a raíz de las fotocopias que publicó El País.

Están en su derecho los que llaman “mentiroso” a Bárcenas. No obstante, viendo el recorrido de sus versiones (a falta de la nueva ante el juez) es perfectamente verosímil que Mariano Rajoy, junto a  Javier Arenas, éste último perejil de todas las salsas, le convencieran para negar la veracidad de la contabilidad que se le atribuye tras publicarlo el diario del grupo Prisa. El extesorero confió en su partido y se olvidó de tirar de la manta para negarlo todo. Ahora, en la cárcel, al verse en la cuneta, sin haber conseguido apartar del caso Gürtel a las que él llama “fiscalas de Rubalcaba”, la estrategia es el ataque.

Ya en la tarde del 27 de junio, cuando Bárcenas aún no había entrado al furgón de la Guardia Civil que le trasladaría a la prisión de Soto del Real, informé en el programa ‘Te vas a enterar’, de Cuatro, acerca de la estrategia que desde ese momento iba a poner en marcha el guardián de las finanzas de Génova. Fuentes del entorno de Bárcenas me anunciaron lo siguiente, tal y como adelanté en Twitter: “Que se vayan preparando en Génova porque  tiene varias bombas para activar”.

¿Alguien se cree que Bárcenas fue preconstituyendo pruebas falsas durante sus más de veinte años como gerente y luego tesorero? A los que piensen que sí les diría que eso no casa con los elogios y la confianza ciega que le demostraron, a raíz de su imputación en el ‘caso Gürtel’, tanto Rajoy como Arenas.

Una vez que ha quedado claro el criterio de todos los peritos calígrafos, sin distinción, sobre la autenticidad de los papeles del extesorero, tanto fotocopias como originales, nos encontramos con la teoría de la lógica: Son numerosos los dirigentes y cargos del PP, empezando por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que han reconocido la veracidad de los apuntes contables al figurar en ellos como perceptores de dinero. Entonces, ¿qué necesidad tenía Bárcenas de mentir cuando en los años noventa anotaba en su caja B sobresueldos distribuidos a los entonces ministros? Yo creo que ninguna.

El juez Ruz sigue el rastro de los contratos de la Gürtel en la Costa del Sol

El juez Pablo Ruz entrando a la Audiencia Nacional en una imagen reciente

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 31/05/2013

El juez instructor del ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, ha abierto una nueva línea de investigación al reclamar a dos administraciones públicas en la Costa del Sol, gobernadas por el PP, todas las facturas que tengan en su poder relacionadas con servicios prestados por las empresas Special Events y Pasadena Viajes, ambas propiedad del presunto cabecilla de la red, Francisco Correa.

En el auto notificado este jueves a las partes dicho magistrado, tras recibir sendos informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, ha solicitado las facturas y demás justificantes de pago tanto al Ayuntamiento de Estepona como a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con sede en Marbella. Ambas entidades están gobernadas por el Partido Popular con mayoría absoluta.

Según han confirmado a eldiario.es fuentes jurídicas las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional giran en torno a la gestión del exedil del PP de Estepona Ricardo Galeote, imputado en la causa por cohecho, al igual que su padre el exedil de Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, padre del exeurodiputado Gerardo Galeote.

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La alcaldesa de Marbella elude aclarar si Correa pagó también el alquiler de un mitin de Aznar

José María Aznar y la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el mitin de 2003 donde ella fue presentada como candidata, sufragado en parte por Correa como «regalo»

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

Información publicada en eldiario.es 29/05/2013

Por el momento no hay ninguna factura que demuestre que el PP pagó de sus arcas el alquiler del Palacio de Congresos de Marbella, recinto municipal, en el que se celebró el mitin-cena que tuvo como protagonista, el 26 de noviembre de 2002, al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

Este miércoles, la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, ha eludido aclarar si fue el considerado líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, o sus empresas quienes sufragaron dicho alquiler.

Durante un desayuno con periodistas para hacer balance del ecuador de su segundo mandato (desde junio de 2007), la primera edil marbellí se ha limitado a precisar únicamente los gastos que de aquel acto abonó el PP local que ella preside.

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Epílogo del caso ‘Malaya’

El ex alcalde de Casares, sus generosos vecinos y la mafia rusa

El ex alcalde de Casares Juan Sánchez saliendo de prisión .

De nuevo se repite la historia, ahora en Casares. Un alcalde o ex alcalde de la Costa del Sol es detenido por corrupción urbanística. La formación Izquierda Unida (IU), hasta ahora ajena a los arrestos, ya no puede presumir de tener políticos inmaculados en el litoral malagueño frente al resto de partidos como el PSOE y el PP, por no hablar del GIL.

Con la detención e ingreso en prisión preventiva del ex alcalde de Casares Juan Sánchez, acusado de blanquear fondos producto de sobornos de la mafia rusa, los socios del PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía se han visto salpicados de lleno por un turbio asunto. Además, el episodio supone un salto cualitativo en los métodos delincuenciales del litoral malagueño. Hasta el momento la mafias del Este, como tales, no aparecían en los casos de corrupción con alcaldes o concejales a sueldo.

El Instituto Andaluz de Criminología, con sede en Málaga, ya alertó en 2003 del riesgo de penetración de las mafias en los ayuntamientos de la Costa del Sol, especialmente en la vertiente occidental, a la hora de conseguir importantes recalificaciones  urbanísticas de terrenos. Como la operación que se investiga ahora en Casares, que tiene su origen en 2004, con el lavado de dinero como telón de fondo.

Estos días hay quien se ha llenado la boca al hablar de la “sencillez”,  el “trato cercano”, e incluso la “humildad” del ex regidor comunista casareño, especialmente muchos de sus generosos convecinos, algunos hablan de 100, otros de 200, que como si de una obra de caridad se tratara han sufragado de sus propios bolsillos, en tan sólo 48 horas, la fianza de 200.000 euros, impuesta por el juez del ya conocido como ‘caso Majestic’ para eludir la prisión provisional.

El pasado viernes Sánchez salía tan campante del penal malagueño de Alhaurín de la Torre con sus pertenencias en una bolsa de basura, quizás el mismo tipo de envoltorio en el que presuntamente recibía los fajos de billetes sucios de la mafia rusa que luego habría blanqueado comprando cupones de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), tal y como investigan la Policía y la Guardia Civil.

Resulta bochornoso el doble rasero de la coalición Izquierda Unida. Por un lado suspende de militancia a Sánchez y, por el otro, algunos de sus miembros y ediles, como la alcaldesa de Casares, Antonia Morera, contribuyen personalmente con 10.000 euros a pagarle la fianza. La pupila de Sánchez, a quien él cedió la Alcaldía cuando dimitió en marzo de 2009, ha arremetido contra los medios de comunicación. El recurso fácil de echarle la culpa al mensajero.

Por mucho que numerosos casareños se empeñen en defender a Sánchez hay algo muy claro a día de hoy: Su patrimonio y el de su mujer, también detenida, es considerado  por fuentes judiciales de toda solvencia como «anormal», con respecto a los ingresos de ambos.

Qué decir de los vecinos de Casares donantes de fondos. Defienden a capa y espada a su ex alcalde comunista como si fuera una especie de filántropo en peligro de extinción: “Hizo muchas cosas por el pueblo, la gente le quiere y además ha colocado a muchos vecinos que estaban en el paro”. El entrecomillado resume a la perfección un populismo zafio que carece de idelogías. A buen seguro si el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil, encarcelado de forma preventiva en 1999 y 2002, hubiera necesitado del apoyo económico de la ciudadanía marbellí estaríamos ahora hablando de un tiempo récord a la hora de depositar fianza.

“Roba pero hace muchas cosas buenas en la ciudad”. La frase fue un leit motiv en Marbella entre 1991 y 2002 por parte de los votantes del GIL para defender a su alcalde, delincuente convicto y habitual, encausado en graves procesos penales por múltiples delitos que convirtió el Consistorio en una cleptocracia. No conviene olvidar que fue indultado por Franco y también por un gobierno de Felipe González, en 1994, ya siendo regidor marbellí.

En Casares, con Sánchez, no se ha llegado al extremo de afirmar la siguiente frase imaginaria: “blanquea para la mafia rusa pero es un hombre muy querido entre el pueblo”. Se han quedado a muy poco de expresarse en tales términos los que han contribuido con su dinero a que un presunto blanqueador- sobornado por el crimen organizado- salga de prisión.

Cuando se levante el secreto del sumario la opinión pública podrá conocer, con nombres y apellidos, quiénes fueron las almas caritativas que pusieron su dinero al servicio de los intereses personales del presunto delincuente.

Conviene recordar que tras la “sencillez y cercanía” de Juan Sánchez que  han destacado algunos opinadores estos días hasta la saciedad se esconde un tipo que se marchó en marzo de 2009 de la Alcaldía de Casares sin apenas dar explicaciones de los motivos: “Me voy porque necesito dedicarle más tiempo a mi cargo como presidente de la Mancomunidad de Municipios”, dijo escuetamente.

Pronto se conocieron las causas de ese súbito adiós a un cargo que ocupaba desde 1979, salvo un paréntesis de cinco años de gobierno del GIL (1995-2000). Resulta que Sánchez dejó la Alcaldía sabiéndose investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente. Le pisaban los talones desde que en diciembre de 2008 el Ministerio Público, tras abrir diligencias meses antes,  le requirió documentación sobre dos licencias de obras en suelo no urbanizable, tras las denuncias del Seprona. La causa llegó a los Juzgados de Estepona dos meses después de su dimisión. Finalmente se ha archivado, pero fue lo que motivó su renuncia, aunque él lo negara entonces.

Aquí dejo el enlace de una información que publiqué el 16 de mayo de 2009  en elmundo.es sobre el ínclito ex alcalde de Casares.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/16/andalucia_malaga/1242464266.html

‘Caso Troya’: Cuando la corrupción llama a la puerta del PP

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, vociferando tras ser detenido en Enero de 2007.

Cuando menos se lo esperaba el PP de Andalucía, en el momento más dulce, con todas las encuestas a su favor para ganar las elecciones el 25 de marzo, se ha conocido la sentencia de la Audiencia de Málaga por el ‘caso Troya’. El alcalde ‘popular’ de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha sido hallado culpable de uno de los peores delitos por los que puede ser condenado un cargo público: El cohecho.

Al polémico y populista primer edil se le impone una multa de 200.000 euros y un año de inhabilitación. El fallo considera probado que Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, reclamaron bajo cuerda un soborno de 122.000 euros al promotor local José Burgos Leiva, conocido como ‘El Perolas’, a cambio de una licencia de obras.

Cuatro años después de la detención de Martín Serón y Guerra la corrupción vuelve a llamar a la puerta del Partido Popular, como el que tiene un pariente del que no sabía desde hace tiempo y de forma sorpresiva se presenta en casa, cuando menos se le espera. De hecho, el pasado miércoles los dos ediles mencionados acudían a la Audiencia de Málaga casi de tapadillo a recoger en mano la sentencia. A la misma hora los medios de comunicación estaban más pendientes de la surrealista declaración, durante el jucio del ‘caso Malaya’, del conocido promotor Rafael Gómez ‘Sandokán’, un ejemplo de populismo similar a Martín Serón, pero en Córdoba, donde ejerce como concejal de un partido independiente.

«No vienen a por mí vienen a por el PP». Esta fue la memorable soflama que soltó Martín Serón cuando logró quedar en libertad bajo fianza en Enero de 2007, tras ser detenido cuando salía de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. Digo yo que la Policía Nacional podía haber elegido otro momento mejor para el arresto, convertido en noticia nacional precisamente por haberse producido tras un acto del hoy presidente del Gobierno.

Durante estos cuatro año el munícipe alhaurino ha revalidado dos veces la mayoría absoluta en su pueblo, ha gozado de todo el apoyo de su partido y ni siquiera ha sido suspendido de militancia. Bien es cierto que ningún cargo provincial del PP que preside Elías Bendodo asistió siquiera a la primera sesión del juicio para arropar a sus cargos.

Debería establecerse un criterio único en los partidos políticos para los casos de corrupción, porque es habitual ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio cuando se reclaman dimisiones por delitos en el ámbito municipal o autonómico. También sería bueno elaborar algún estudio sociológico sobre cómo los ciudadanos premian en las urnas a los gobernantes salpicados por casos de corrupción. Un ejemplo de ello es la Comunidad Valenciana, no sólo con el acusado Francisco Camps, también con el inefable ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y tantos otros cargos legitimados en las urnas. Algunos encausados llegaron a decir que no importaba lo que dijeran los tribunales, porque habían sido absueltos por sufragio popular.

Otro ejemplo claro de cómo se legitimó la corrupción en las urnas es Marbella. Un partido como el Grupo Independiente Liberal (GIL), salpicado de escándalos, fue votado con mayoría absoluta en las urnas cuatro veces consecutivas: «Roba pero hace cosas». Este era el leit motiv que se escuchaba a diario en la ciudad durante aquellos años oscuros de Jesús Gil como alcalde (1991-2002). Sólo el Estado de Derecho pudo desmontar en marzo de 2006 la trama corrupta que había saqueado el Consistorio marbellí, que fue disuelto.

Esta semana cuando le preguntaban al presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, sobre la condena a Martín Serón decía que sería bueno «abrir un debate franco y sereno sobre la presunción de inocencia». También sobre cuándo un político debe dimitir tras resultar imputado en una causa. El caso es que al entrar en tales disquisiciones el que está llamado a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía eludió pronunciarse sobre si Martín Serón debe dimitir o no.

Quién sí se pronunció fue el presidente de la Diputación de Málaga y máximo responsable provincial del PP, Elías Bendodo: «Son muchas suposiciones en la sentencia que han llevado a la condena y que podrían haber sido interpretadas de otra manera», dijo tras volver a mostrar su apoyo al regidor, en espera de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el condenado sacaba pecho en rueda de prensa el día después de la decisión judicial y seguía fiel a su bandera: «Tengan cuidado con la Policía, la Fiscalía y el PSOE». Esta vez no habló del grupo Prisa, contra el que cargó hace cuatro años también como culpable de todos su males.

Aunque la acusación inicial de la Fiscalía se haya desinflado: La condena es sólo por uno de los 13 casos de cohecho por los que se enjuició a los acusados, ello no deslegitima ni resta gravedad a una sentencia por corrupción como la que ha recaído sobre el primer edil y su concejal de Urbanismo. Este último dijo días atrás que él era un «analfabeto en cuestiones urbanísticas». ¿Cabe mayor desfachatez y tomadura de pelo?

Lo cierto es que por mucho que Serón cuestione la sentencia el ponente de la misma, Fernando González Zubieta, es un magistrado solvente y de reconocido prestigio. Fue él también el ponente de la sentencia que en 2000 condenó a Jesús Gil por cuatro delitos de prevaricación, en el caso de la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid. El Supremo legitimó el fallo en 2002 y el delincuente habitual tuvo que dejar la Alcaldía inhabilitado por 28 años.

‘Caso Ellacuría’:La impunidad continúa para los asesinos del jesuita español

El jesuita Ignacio Ellacuría en 1989, meses antes de ser asesinado.

La decisión adoptada el pasado 26 de agosto por la Corte Suprema de El Salvador,  al dejar en libertad a nueve militares de dicho país, imputados por el asesinato del padre Ellacuría y otros cinco jesuitas, es una muestra de cómo la impunidad continúa para los verdugos en el país centroamericano, veintidós años después del horrendo crimen. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco parecía haber cumplido su objetivo sus homólogos salvadoreños alegan que con la orden de busca y captura, dictada por el magistrado español, no es suficiente para la detención y extradición a España.

 El as en la manga esgrimido por la Corte de San Salvador parece una estratagema de última hora para pasar página de un suceso que aún hoy conmociona a la sociedad salvadoreña. No hay más que ver la repercusión mediática que ha tenido toda la actuación del juez Velasco en el país gobernado por Mauricio Funes. En España ya se han alzado las voces de jueces como José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas.

Pallín no se ha mordido la lengua. Ha dicho que sus colegas salvadoreños han adoptado una resolución «tramposa y procesalmente dilatoria», al liberar a los militares imputados. En el marco de lo que parece una treta, diseñada ad hoc para las defensas, la Corte Suprema ha incumplido el tratado de cooperación y extradición, firmado entre El Salvador y España en 1997. La justicia española ha tenido que recorrer un largo camino, 22 años después del crimen, para que ahora unos jueces salvadoreños echen por tierra la magnífica labor desarrollada por el juez Velasco desde la Audiencia Nacional. No es el único sumario que instruye relacionado con Latinoamérica. También investiga las conexiones entre ETA y las FARC con vínculos en Venezuela.

La polémica  resolución judicial se ampara en que la llamada orden de «difusión roja», enviada por Interpol para localización y detención de los nueve militares, sólo es válida exclusivamente para dar con su paradero, no para el arresto. La farsa en que se ha convertido la justicia salvadoreña en el ‘caso Ellacuría’ va aún más lejos: Los magistrados sostienen que sólo arrestarán a los ahora liberados cuando España envíe una petición expresa de captura con fines de extradición.

Además de Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, rector y vicerrector respectivamente de la UCA, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española,  así como Joaquín López , salvadoreño al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija. Ambas se habían refugiado en el campus universitarios huyendo de la sangrienta guerra civil que asolaba el país.

En El Salvador, desde sectores próximos al Ejército y partidos de derechas, ya han surgido las opiniones contrarias a la aplicación de la justicia universal desde España, en el caso de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso un juez español no está legitimado para esclarecer el asesinato de un compatriota, sobre todo cuando los jueces salvadoreños miran para otro lado?

También cabría preguntarse dónde está la ministra de Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, que no ha dicho esta boca es mía en el ‘caso Ellacuría’, aunque sólo sea para reclamar a las autoridades salvadoreñas mayor colaboración en la extradición de los militares. De Zapatero mejor no hablar, porque ni está ni se le espera.