‘Caso Troya’: Cuando la corrupción llama a la puerta del PP

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, vociferando tras ser detenido en Enero de 2007.

Cuando menos se lo esperaba el PP de Andalucía, en el momento más dulce, con todas las encuestas a su favor para ganar las elecciones el 25 de marzo, se ha conocido la sentencia de la Audiencia de Málaga por el ‘caso Troya’. El alcalde ‘popular’ de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha sido hallado culpable de uno de los peores delitos por los que puede ser condenado un cargo público: El cohecho.

Al polémico y populista primer edil se le impone una multa de 200.000 euros y un año de inhabilitación. El fallo considera probado que Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, reclamaron bajo cuerda un soborno de 122.000 euros al promotor local José Burgos Leiva, conocido como ‘El Perolas’, a cambio de una licencia de obras.

Cuatro años después de la detención de Martín Serón y Guerra la corrupción vuelve a llamar a la puerta del Partido Popular, como el que tiene un pariente del que no sabía desde hace tiempo y de forma sorpresiva se presenta en casa, cuando menos se le espera. De hecho, el pasado miércoles los dos ediles mencionados acudían a la Audiencia de Málaga casi de tapadillo a recoger en mano la sentencia. A la misma hora los medios de comunicación estaban más pendientes de la surrealista declaración, durante el jucio del ‘caso Malaya’, del conocido promotor Rafael Gómez ‘Sandokán’, un ejemplo de populismo similar a Martín Serón, pero en Córdoba, donde ejerce como concejal de un partido independiente.

«No vienen a por mí vienen a por el PP». Esta fue la memorable soflama que soltó Martín Serón cuando logró quedar en libertad bajo fianza en Enero de 2007, tras ser detenido cuando salía de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. Digo yo que la Policía Nacional podía haber elegido otro momento mejor para el arresto, convertido en noticia nacional precisamente por haberse producido tras un acto del hoy presidente del Gobierno.

Durante estos cuatro año el munícipe alhaurino ha revalidado dos veces la mayoría absoluta en su pueblo, ha gozado de todo el apoyo de su partido y ni siquiera ha sido suspendido de militancia. Bien es cierto que ningún cargo provincial del PP que preside Elías Bendodo asistió siquiera a la primera sesión del juicio para arropar a sus cargos.

Debería establecerse un criterio único en los partidos políticos para los casos de corrupción, porque es habitual ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio cuando se reclaman dimisiones por delitos en el ámbito municipal o autonómico. También sería bueno elaborar algún estudio sociológico sobre cómo los ciudadanos premian en las urnas a los gobernantes salpicados por casos de corrupción. Un ejemplo de ello es la Comunidad Valenciana, no sólo con el acusado Francisco Camps, también con el inefable ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y tantos otros cargos legitimados en las urnas. Algunos encausados llegaron a decir que no importaba lo que dijeran los tribunales, porque habían sido absueltos por sufragio popular.

Otro ejemplo claro de cómo se legitimó la corrupción en las urnas es Marbella. Un partido como el Grupo Independiente Liberal (GIL), salpicado de escándalos, fue votado con mayoría absoluta en las urnas cuatro veces consecutivas: «Roba pero hace cosas». Este era el leit motiv que se escuchaba a diario en la ciudad durante aquellos años oscuros de Jesús Gil como alcalde (1991-2002). Sólo el Estado de Derecho pudo desmontar en marzo de 2006 la trama corrupta que había saqueado el Consistorio marbellí, que fue disuelto.

Esta semana cuando le preguntaban al presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, sobre la condena a Martín Serón decía que sería bueno «abrir un debate franco y sereno sobre la presunción de inocencia». También sobre cuándo un político debe dimitir tras resultar imputado en una causa. El caso es que al entrar en tales disquisiciones el que está llamado a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía eludió pronunciarse sobre si Martín Serón debe dimitir o no.

Quién sí se pronunció fue el presidente de la Diputación de Málaga y máximo responsable provincial del PP, Elías Bendodo: «Son muchas suposiciones en la sentencia que han llevado a la condena y que podrían haber sido interpretadas de otra manera», dijo tras volver a mostrar su apoyo al regidor, en espera de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el condenado sacaba pecho en rueda de prensa el día después de la decisión judicial y seguía fiel a su bandera: «Tengan cuidado con la Policía, la Fiscalía y el PSOE». Esta vez no habló del grupo Prisa, contra el que cargó hace cuatro años también como culpable de todos su males.

Aunque la acusación inicial de la Fiscalía se haya desinflado: La condena es sólo por uno de los 13 casos de cohecho por los que se enjuició a los acusados, ello no deslegitima ni resta gravedad a una sentencia por corrupción como la que ha recaído sobre el primer edil y su concejal de Urbanismo. Este último dijo días atrás que él era un «analfabeto en cuestiones urbanísticas». ¿Cabe mayor desfachatez y tomadura de pelo?

Lo cierto es que por mucho que Serón cuestione la sentencia el ponente de la misma, Fernando González Zubieta, es un magistrado solvente y de reconocido prestigio. Fue él también el ponente de la sentencia que en 2000 condenó a Jesús Gil por cuatro delitos de prevaricación, en el caso de la publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid. El Supremo legitimó el fallo en 2002 y el delincuente habitual tuvo que dejar la Alcaldía inhabilitado por 28 años.