Guerrero, la juez Alaya, los ERE y la encuesta del CIS

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, llegando a los Juzgados de Sevilla

Poco les ha durado a los socialistas andaluces la alegría posterior a la encuesta del CIS, que les otorgaba un repunte frente al PP y dejaba a Javier Arenas al borde de la mayoría absoluta. El ingreso en prisión del ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, principal imputado en la trama fraudulenta de los ERE, supone la puntilla para un PSOE al borde del precipicio.

Muchos votantes del partido que ha gobernado Andalucía durante los últimos 30 años se preguntarán de qué ha servido ese sondeo del CIS  si el calendario de la juez  del caso más grave de corrupción en la historia del Gobierno andaluz, Mercedes Alaya, tenía marcado en rojo la fecha de la declaración de Guerrero al comienzo de la campaña electoral. Más de uno pensará que lo lógico hubiera sido que el Centro de Investigaciones Sociológicas (dependiente del Gobierno Central) hiciera la encuesta después del encarcelamiento del ex alto cargo socialista.

Pensar, como proyectan los asesores del presidente de la Junta y candidato del PSOE, José Antonio Griñán, que el caso de los ERE “está amortizado” con frases como “nos ha hecho ya todo el daño que nos podía hacer” es un grave error. Estoy convencido de que los sondeos que se lleven a cabo tras la decisión judicial de Alaya serán aún peores para los socialistas andaluces.

Ni el más inteligente de los asesores de imagen y consultores políticos puede ser tan obtuso como para negar la influencia de la llamada pena de telediario. La imagen de Guerrero, con sus aficiones a la cocaína y la ginebra aireadas por su propio chófer, ha abierto todos los informativos nacionales de televisión, radios y periódicos durante el fin de semana.

El argumentario de Griñán para hacer frente a las preguntas incómodas de los periodistas que van empotrados en su caravana electoral es que “la juez Alaya ha hecho lo que la Junta pedía, que es el ingreso en prisión”.  La tesis del presidente no deja de ser contradictoria con algunos argumentos que fuentes de la propia Junta de Andalucía se han encargado de filtrar.

En una interesante información del periodista Jorge Muñoz, publicada en los diarios del grupo Joly este domingo, se alude a que  dichas fuentes del Ejecutivo autonómico sostienen, en relación a las deficiencias administrativas en la concesión de 887 ayudas-gestionadas por Guerrero- apreciadas por la juez Alaya en los fundamentos jurídicos de su auto, que tales irregularidades “no tienen relevancia como para encarcelar a nadie”, subrayó la Junta.

El Gobierno en funciones de Griñán puntualizó también que de esas 887 ayudas “las que se hicieron de manera fraudulenta no están cuantificadas”. Por un lado el discurso oficial de contundencia ante la gestión de Guerrero. En el otro extremo se tiende a sembrar dudas para tratar de minimizar el volumen real del fraude, protagonizado por el personaje central de esta trama de corrupción  político-administrativa.

En el marco de los ríos de tinta que ha hecho correr el caso de los ERE, con ese reparto discrecional de 650 millones de euros, también se habla mucho de cómo la juez Alaya ha hecho coincidir su calendario de declaraciones con el de la campaña electoral de las elecciones andaluzas. Es lógico que muchos se pregunten, con razón, si no hubiera sido mejor citar hace meses a Guerrero. Conviene recordar que el ex director general de Empleo habló por primera vez del famoso “fondo de reptiles” en diciembre de 2010. De eso hace quince meses.

Es normal y comprensible que haya suspicacias sobre la manera que tiene Alaya de gestionar sus tiempos, paralelos a  una cita electoral. Con todo lo que fue criticado, con mucha razón, el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recuerdo un anuncio suyo sobre que la Fiscalía Anticorrupción no actuaría en campaña electoral y así fue. No obstante, hay que respetar la independencia de la juez Alaya y bastante se ha defendido ya ella misma en su último auto, además de respaldar a la Fiscalía, que es la que pidió la prisión incondicional para Guerrero. Ella se limitó a dar el visto bueno a la petición del Ministerio Público.

Todavía queda el plato fuerte que representará la declaración del chófer de Guerrero, el mismo que declaró ante la Policía que se había gastado gran parte de las subvenciones públicas que le daba su jefe en “fiestas y cocaína”. Esa comparecencia está fijada para el 20 de marzo, cuatro días antes de la jornada de reflexión de los andaluces, antes de depositar su voto en las urnas el día 25. A buen seguro será un testimonio “poco edificante”, por utilizar la expresión de Rajoy, sobre otra trama que salpica de lleno estos días a la Junta. Se trata del llamado ‘caso Invercaria’. Pero en las filas del PP andaluz de Javier Arenas ya se frotan las manos ante la nueva bomba informativa del chófer que se avecina. Les servirá de cierre de campaña.