Roca busca el cohecho impropio de Camps

Juan Antonio Roca declarando recientemente en el juicio del 'caso Malaya'

Quién nos iba a decir hace un año a los que hemos asistido a más de cien sesiones del juicio por el ‘caso Malaya’, la mayor trama de corrupción municipal que se ha conocido jamás en España, que el principal acusado, Juan Antonio Roca, iba a terminar reconociendo que recibió y entregó sobornos. Hemos pasado del “no sé nada de esas empresas, porque no son mías”, a reconocer expresamente la contabilidad de la sociedad clave que canalizaba las finanzas y el patrimonio del exasesor urbanístico de Marbella, Maras Asesores S.L.

Lo primero que habrán pensado muchos, al leer o escuchar a Roca, es que ha alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Nada más lejos de la realidad. Fuentes judiciales sostienen que no hay ningún acuerdo de conformidad porque lo que busca el reo es “difuminar” el delito de cohecho, para reducirlo al cohecho impropio. Esta modalidad delictiva, la misma por la que se acusa al expresidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, por los famosos trajes, no acarrea pena de cárcel. Tan sólo multa.

El considerado cerebro de la trama marbellí insiste en que los pagos que recibió de empresarios-compañeros de banquillo- lo fueron por “asesoramientos privados”, pero no para favorecerles en acuerdos con el Ayuntamiento de Marbella. ¿Habrá alguien en su sano juicio que se crea esa patraña?. Esperemos que el tribunal no, cuando tenga que dictar sentencia. En cuanto a los pagos a concejales, sobornos hablando claro,  Roca sostiene que les remuneraba para ganarse su lealtad y así “evitar el transfuguismo”. ¡Pero si la práctica totalidad de los que firmaron la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz ya eran tránsfugas!

Se ha cuidado muy mucho de no reconocer que detrás de dichos pagos hubiera alguna contraprestación en forma de resolución ilegal a cambio. Tal es el caso de licencias de obras, o el voto de los concejales en las sesiones plenarias y comisiones de gobierno, tras recibir las ‘mordidas’ o coimas. Sitúa todo en el marco de un cohecho impropio, difícil de creer.

En el caso de Camps el exgobernante del PP está acusado de cohecho impropio y se enfrenta sólo a multa. Todo porque la instrucción del sumario valenciano vinculado a la red Gürtel no pudo determinar que, tras recibir los trajes y otros complementos, beneficiara con actuaciones ilegales a la trama de Correa y ‘El Bigotes’. El artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio), que se imputa al político valenciano, castiga a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función, o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

A diferencia del “cohecho propio”, previsto en los artículos 419 a 422 -en los que el sobornado realiza actos ilegales de una mayor o menor gravedad-, el funcionario no comete acto injusto de ninguna clase, sino que se limita a aceptar regalos sin contraprestación alguna

Hace unos días me preguntaban qué conseguía Roca con esta estrategia de reconocer los pagos. Hay que entender este largo juicio como un combate de boxeo por asaltos. En casa sesión el que fuera brazo derecho del fallecido Jesús Gil busca arañar descuentos de penas de prisión. No en vano se enfrenta a 30 años de reclusión.

Desde la Fiscalía Anticorrupción dejan claro que cualquier pacto con Roca se haría público y nunca se ocultaría. Para empezar tendría que declararse culpable expresamente, como han hecho otros acusados, y hasta ahora no ha sido así. La principal dificultad de la negociación radica en que el  padrino de los concejales que pactaron contra Julián Muñoz no quiere desprenderse de la práctica totalidad de su patrimonio, como le reclama el Ministerio Público a la hora de alcanzar un acuerdo de conformidad.

Una vez que Roca ha reconocido que entregó sobres con dinero a la ex alcaldesa Marisol Yagüe y a la tránsfuga del PSOE Isabel García Marcos, toda la expectación está centrada en qué dirá sobre Julián Muñoz. Es posible que en las próximas sesiones, a partir del lunes 14 de noviembre, el fiscal le pregunte si las iniciales J.M. se corresponden con el nombre del exalcalde.

En los famosos papeles de Maras Asesores aparecieron 162.000 euros en tres pagos a J.M. El acusador público, Juan Carlos López Caballero, tiene claro que se corresponden con un convenio urbanístico firmado por Muñoz en 2002. Dado que Roca ha confesado que ejerció como prestamista de los exediles puede que relacione dicha cantidad con un préstamo, como cuando le pagó una operación de cirugía estética a la exalcaldesa. De momento a Muñoz se le puede ver muy tranquilo y relajado en el banquillo. Su abogado, Javier Saavedra, me aseguró el pasado miércoles en Las Mañanas de Cuatro que el exasesor urbanístico no incriminará a su cliente.

Habrá que estar atentos. Se podría decir, parafraseando al delincuente prófugo  Carlos Fernández, exconcejal andalucista acusado en ‘Malaya’, que Roca y Muñoz están unidos con hilo de pescar en juicios venideros y se necesitan mutuamente.